No supo qué decir. Cuando el periodista Enrique Castillo, en el programa Agenda Política de Canal N, le preguntó sobre los llamados "paquetazos ambientales" y "anti-indígenas", el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP), Carlos Gálvez, dijo que no estaba calificado para opinar sobre ello. Respondió así:
"No me siento capaz de discutirla en detalle porque hay posiciones encontradas, y no es mi especialidad. No se trata de flexibilizar las normas ambientales, sino de ponerlas en condiciones de competitividad. Yo haría la comparación con la legislación de otros países".
El pasado 7 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley N° 3941, "Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social". Este es llamado por las organizaciones ambientalistas e indígenas como el Cuarto Paquetazo, ya que se trata de una serie de normas que buscan promover las inversiones pero afectando otros derechos. En este caso, es un paquete anti-indígena.
- Lee también: 7 cosas que debes saber sobre el Cuarto Paquetazo.
Según la congresista Verónika Mendoza (AP-FA), el peligro de este paquete de normas es que promueve el otorgamiento de servidumbre en beneficio de las empresas sin considerar que existen cerca de 4 mil comunidades indígenas de selva y sierra que aún no están tituladas. Si el Estado otorga las servidumbres, las comunidades que estén en proceso o aún no tengan título, perderán sus tierras.
Esto era lo que no sabía Gálvez o sobre lo que no quería opinar.
El presidente de la SNMP sí se pronunció sobre el Aporte por Regulación, un tema que ha provocado un conflicto entre el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) y las empresas mineras ante Indecopi. Para explicar su posición, Gálvez hizo una comparación:
"Vamos a hacer la analogía con las revisiones técnicas vehículares. Vamos a decirle a algunos que paguen y otros no. Eso no es correcto. Esto no se debe cobrar en función de las ventas, sino de las fiscalizaciones. Parece que a los operadores del Estado no les gusta que los controlen".
Lo que no menciona Gálvez es que el APR se cobra a las empresas que realizan actividades de explotación mineras, ya que son ellas las que generan mayor impacto en el medio ambiente y obtienen mayores ingresos, a diferencia de las que están en fase de exploración. Por ello, el APR se cobra en función de las ventas.
Sobre el conflicto en Islay por el proyecto minero Tía María de Soouthern Copper, Gálvez siguió con la estrategia de intentar deslegitimar la protesta y con la teoría de la conspiración anti-minera:
"Proyectos como Tía María deberían dar señales positivas. Ojalá que la portátil que está recorriendo el país no afecte más. Me refiero a los que están ahorita en Islay y antes estuvieron en Cajamarca. Hay gente infiltrada que está desinformando".
Sobre la denuncia que hizo la congresista Verónika Mendoza sobre la represión policial en las protestas, Gálvez señaló:
"Es un tema de percepción. La congresista está equivocada. Si hay alguien que está con libertad condicional y no cumple con las condiciones, debe ser retenido. Para eso está la ley y se tiene que cumplir. El gobierno está actuando bien en camino de favorecer los proyectos. No se debe repetir otro Conga, sería fatal".
La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, criticó al Ejecutivo por asumir una posición radical respecto a la viabilidad de Tía María y sobre el descarte de una consulta popular, al respecto el presidente de la SNMP dijo:
"Sobre la contaminación, son mentiras lo que se está diciendo. Si hubieran polvos, estos irían hacia La Joya y no hacia el Valle del Tambo. Sobre la consulta popular, lo unico que va a traer como consecuencia son percepciones".
Sobre la condena de 5 años de prisión a Lelio Balarezo, presidente de Capeco y vicepresidente de la Confiep, afirmó:
"Es una lastima que esas cosas ocurran. En el caso de Confiep, las representaciones son gremiales. Él ha dejado de ser automáticamente presidente de Capeco y también vicepresidente de Confiep".
"Lamento la percepción de que la mayoría de empresarios tienen tendencia hacia a corrupción. Eso no refleja la verdad. Eso no es así. Las compañías formales están sometidas a una serie de códigos según las normas nacionales e internacionales".
"Los cargos de Confiep no son por personas, sino por gremios. Lamentablemente, a todos llaman empresarios. Probablemente muchos de ellos sean informales. Hay que tener mucho cuidado de a quien se le llama empresario".
Hoy domingo, corrieron rumores sobre una posible salida de Alonso Segura del Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales luego fueron descartados. Gálvez saludó su permanencia:
"Yo creo que Alonso Segura es un técnico que está manejando las cosas en la línea correcta".
(Foto de portada: Andina)
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