A pesar de la caída del precio internacional de los minerales en los últimos dos años: apenas doce empresas de la gran minería ganaron cerca de 57 mil millones de dólares en utilidades netas entre 2008 y 2014, lo que supera en 20% el presupuesto público para más de 30 millones de peruanos este año. Varias de las compañías que se oponen al aporte no solo destacan por su incumplimiento reiterado de las normas ambientales, sino también pertenecen a importantes grupos empresariales.

Convoca hizo un registro de las 37 empresas que denunciaron el aporte por regulación, las cuatro que acudieron a Indecopi y las 33 que han presentado acciones de amparo ante el Poder Judicial, para determinar sus vínculos comerciales. Como resultado, se encontró que 16 de estas compañías denunciantes forman parte de diez grupos económicos.

Las cuatro mineras que ganaron a OEFA en la primera instancia del Indecopi en octubre último, pertenecen a diversos grupos empresariales: Vichaycocha forma parte del grupo Volcan, de la familia Osterling Letts, que cuenta por lo menos con 16 mineras y que rompe todos los récords de la infracción: el 11% de todas las sanciones impuestas a las mineras entre el 2010 y el 2014 corresponde a este grupo empresarial.  

Pampa de Cobre es otra empresa denunciante que forma parte del Grupo Milpo, que su vez pertenece al grupo económico brasileño Votorantim, que tiene operaciones en más de 20 países. La tercera compañía es Sociedad Minera Corona, del grupo canadiense Sierra Metals, que defendió sus argumentos de la mano del estudio Osterling Abogados, que también defiende a las empresas de Volcan. La cuarta es la minera Caudalosa, de la familia Raffo, que tiene inversiones en el sector inmobiliario y la cadena de estacionamientos más importante del país: Los Portales.

El Grupo Milpo presentó el mayor número de denuncias con tres de sus empresas: Compañía Atacocha, que opera en Pasco; Minera Milpo, con actividades en Áncash, Ica y Pasco; y la Minera Pampa de Cobre con proyectos aprobados en Moquegua y Arequipa. A estas compañías se les abrió 16 procesos sancionadores en OEFA hasta diciembre último.

Otras 10 mineras demandantes se dividen en seis grupos: Compañía de Minas Buenaventura y Coimolache pertenecen al Grupo Buenaventura, del empresario Roque Benavides; Nyrstar Coricancha y Nyrstar Áncash, de la belga Nyrstar, líder en la producción de zinc con operaciones no solo en Latinoamérica, sino en China y Europa; las compañías Perubar y Los Quenuales, que forman parte de la trasnacional Glencore, que controla el 50% del mercado mundial de cobre y el 60% de zinc.

Completan la lista, Pan American Silver Huarón y Compañía Minera Argentum, de la canadiense Pan American Silver; Compañía Minera Raura, del Grupo Brescia, que cuenta con millonarias inversiones en el país y es considerado uno de los conglomerados económicos más importantes de América Latina, y la segunda minera con más multas por infracciones ambientales: Ares, del Grupo Hochschild.

Operaciones sospechosas

En la lista de las 37 empresas demandantes, Convoca también encontró el caso de una compañía que enfrenta denuncias por presuntos vínculos con la minería ilegal. Se trata de la Minera Huario, que presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra el aporte por regulación.

Esta minera tiene como apoderado desde el 2010 a José Manuel Zegarra Freund, quien también figura como gerente general desde el 2009 de la minera Laytaruma. El domicilio de Huario (una casa de dos pisos en una zona residencial del distrito de San Borja) lo comparten al menos una decena de mineras también representadas por Zegarra Freund. Laytaruma registra la misma dirección y no se trata de una empresa cualquiera.

En el 2011, Laytaruma fue acusada por la fiscal del Medio Ambiente de Piura, Silvia Rumiche, por presuntamente facilitar insumos químicos a mineros informales de Las Lomas, en Piura.

Según el reporte anual del Ministerio de Energía y Minas del 2014, Laytaruma encabeza la producción de oro entre las pequeñas productoras. Sin embargo, en una supervisión multisectorial hecha en marzo de ese año en el campamento minero de esta empresa en Ayacucho, los inspectores de OEFA y de la Autoridad Nacional del Agua encontraron indicios de que la producción de Laytaruma podría ser mayor de la que tiene autorizada.

En las conclusiones del informe de OEFA, al que tuvo acceso Convoca, se señala que la planta de beneficio (donde se procesa los minerales) contaba con un molino que “haría presumir que tendría una capacidad instalada de 420 toneladas métricas de minerales por día", cuando el permiso que figura en el registro del Ministerio de Energía y Minas es de 340 toneladas. En la página web de esta institución se indica que la última ampliación de capacidad instalada de la planta fue otorgada en el 2008. 

Aquí puedes leer el reportaje completo de Convoca

(Ilustración: Pixabay.com)

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