Bajo el manto del inmenso ruido político generado por la censura y recambio de premier, de manera sigilosa pero acelerada el gobierno está a punto de regalarle a la empresa Graña y Montero (G&M) los activos petroleros de Petroperú derivados de su derecho a participar en el 25% del negocio de la explotación de los lotes III y IV de Talara, recientemente concesionados por el Estado a dicha empresa, los cuales vienen siendo operados por la firma Upland Oil & Gas (cuyo contrato vence en abril). En lugar de explicar las razones de fondo de esa curiosa decisión, la ministra del ramo se ha limitado a decir que, si Petroperú hiciera prevalecer este derecho de participación “desperdiciaría la plata de todos los peruanos”. Ante la falta de argumentos de fondo, en los últimos días tanto la ministra como el propio Presidente de la República, Ollanta Humala, se han escudado diciendo que simplemente se trata de una decisión técnica del directorio de Petroperú, que el gobierno acata.

Los Hechos

G&M ganó la licitación de los lotes III y IV, comprometiendo una inversión de US$ 600 millones.

Las bases de esa licitación establecieron que el ganador debía incorporar a Petroperú con una participación del 25% del negocio, las que fueron aprobadas tras la dación de la Ley N° 30130, que en su Artículo 6° señala que “Petroperú puede realizar actividades y proyectos de inversión, siempre y cuando no generen a la empresa pasivos firmes o contingentes presentes o futuros, no afecten las garantías del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara y no demanden recursos del Tesoro Público”.

PeruPetro calificó positivamente a Petroperú para coasumir la administración de los lotes III y IV con el 25% de participación, previa evaluación del cumplimiento del Artículo 6° de la referida ley.

Los pozos III y IV adjudicados a G&M-Petroperú actualmente vienen produciendo en promedio 2.000 barriles de petróleo por día, y tienen potencial para elevar su productividad aplicando técnicas modernas de sísmica.

La inversión comprometida de US$600 millones se realizará durante 10 años, y serán aplicados a elevar la productividad de los pozos III y IV.

Según el Minem, las reservas probadas de petróleo en estos lotes es de 24 millones de barriles, cuyo valor potencial bruto se sitúa entre US$1,200 millones (al precio actual de US$50/barril) y US$2,400 millones (al precio posible histórico de US$100/barril), que subirá por efecto de la inversión planeada en la productividad de los pozos.

El retiro imprevisto de Petroperú significa que esta empresa deja de incorporar a sus activos, como mínimo, entre US$300 y 600 millones; patrimonio que es transferido a G&M, a cambio de nada para el Estado peruano.

El ofrecimiento de una inversión de US$600 millones, la hizo G&M sabiendo de antemano que tendría como socio a Petroperú; es decir, en su flujo de caja ya había tenido que proyectar la división de ganancias con la empresa estatal, por lo que el retiro imprevisto de Petroperú elevará sus beneficios por encima de su expectativa de ganancia.

El precontrato firmado entre Petroperú y G&M establece que Petroperú pagaría su alícuota en las inversiones a realizarse durante 10 años, con el flujo de venta del petróleo que ya vienen produciendo los lotes III y IV, sin requerir fondos de otras áreas de la empresa o del fisco. También establece que G&M será el operador (responsable de la administración de la explotación), sin injerencia de Petroperú en la gestión.

Los lotes III y IV están ubicados a un paso de la Refinería de Talara, y cuentan con tuberías que llevan el petróleo hasta ahí, por lo que Petroperú podía obtener una rentabilidad extra ante un importante ahorro en costos logísticos frente a tener que traer el insumo desde lugares distantes y a precios internacionales. Este factor eleva la rentabilidad del proyecto de modernización de la Refinería de Talara.

Análisis de los Hechos

Los hechos hablan por sí solos: Petroperú puede cubrir con creces la alícuota de la inversión que le toca en la concesión de los lotes III y IV de Talara, con los propios recursos de su participación del 25% del negocio, contando además con un cerrojo que le permite disponer directamente del efectivo generado por la actual producción de dichos lotes, de acuerdo con el precontrato que ha firmado con G&M.

Entonces, ¿cuál sería la verdadera razón para que el gobierno rechace la opción de Petroperú de mantener su participación del 25% en el negocio de explotación de los lotes III y IV de Talara? A falta de argumentos de fondo, el gobierno no puede escudarse diciendo que simplemente acata una decisión del directorio de Petroperú, cuando quien pone y saca directores es el propio gobierno. El directorio anterior de Petroperú ya había aprobado dicha participación, a pesar de las fuertes presiones del gobierno para que la rechace. El gobierno ha tenido que cambiar directores en las últimas semanas para armar una nueva mayoría que dé marcha atrás, en una operación tipo kamikaze de última hora en contra de los intereses del Estado peruano y a favor de una empresa con nombre y apellido.

Que se sepa, sólo El Comercio (cuyo conflicto de intereses en el tema es evidente, por tener como principal accionista al dueño de G&M) han opinado recurrentemente a favor de este zarpazo, recurriendo a sofismas ideológicos de un mercantilismo puro y duro recubierto de liberalismo aparente, matizados con los argumentos formales de la ministra del ramo.

Soy fervoroso creyente de que, para maximizar su competitividad en el mercado de hidrocarburos, Petroperú debe abrir su capital a la participación privada. Sin embargo, una cosa es vender activos del Estado y otra muy distinta es regalárselos a alguien. Nadie regala su casa, ni tampoco la vende sin antes remozarla para aumentar su valor. El gobierno está haciendo todo lo contrario, beneficiando a un tercero y, de paso, mermando el valor de las acciones de Petroperú, que ya ha decidido vender próximamente.

Esperemos que no sea así y que el Congreso y la Contraloría defiendan los intereses de todos los peruanos. De paso, que examinen de cabo a rabo las concatenadas decisiones que desde el gobierno central vienen descalabrando a Petroperú, succionándole la sangre para debilitarla al punto de ponerla en olor de perita en dulce.