A la fiscal Marita Barreto se le vino la noche: la Fiscalía Superior de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio dispuso su exclusión del caso Rodolfo Orellana, como consecuencia de la pérdida de siete muestras lacradas durante el allanamiento del local de 'Juez Justo' el 1 de julio de 2014.
El 12 de febrero pasado ingresó al despacho de la citada fiscalía la solicitud de exclusión que hizo la procuradora contra el Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo.
Ese pedido se gestionó tras conocerse la pérdida de siete muestras lacradas que se incautaron en el inmueble de Guardia Civil y que estaban bajo responsabilidad de la fiscal Barreto.
LaMula.pe tuvo acceso a la disposición fiscal que resuelve excluir a la fiscal Marita Barreto de la investigación preparatoria de la carpeta fiscal Nº 24-2014, referida al caso Orellana.
Asimismo, la disposición fiscal también resuelve que la Fiscal Coordinadora de la Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de Activos, Delia Espinoza, designe, según sus facultades, al nuevo fiscal encargado de la investigación a la red Orellana, dedicada a la estafa y lavado de activos.
El nuevo Código Procesal Penal prevé la exclusión de un fiscal cuando “no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades”.
LaMula.pe conversó con la procuradora Julia Príncipe, quien manifestó que, como defensora de la parte agraviada (Estado peruano), tiene la potestad de solicitar la exclusión de la fiscal Barreto.
¿Qué incumplimiento funcional o irregularidades cometió Barreto? La principal fue la ruptura de la cadena de custodia de las muestras lacradas, explicó Príncipe.
La procuradora se refiere a lo que informamos en su momento, respecto a las siete muestras lacradas que se perdieron bajo responsabilidad de Barreto y no al extravío de una sola muestra, como la fiscal del caso quiso dar a entender.
La disposición de excluir a la fiscal Barreto se basa en las declaraciones de diversos testigos que participaron en el allanamiento del local de 'Juez Justo'.
Es así que los policías de la División de Lavado de Activos que participaron en la citada diligencia declararon que no existió ninguna cadena de custodia con los bienes incautados durante el operativo en las oficinas de Orellana.
Durante las investigaciones también rindieron su manifestación miembros de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos que participaron en la incautación. Ellos atestiguaron que en el allanamiento no se siguieron los procedimientos de cadena de custodia estipulados en el reglamento.
LaMula.pe conversó con dos de ellos, que confirmaron las irregularidades, pero por medidas de seguridad solicitaron que no se revelen sus identidades.
PRUEBAS NO SE INVALIDAN
El acuerdo plenario de la Corte Suprema respecto a la cadena de custodia de documentos incautados en una diligencia judicial refiere que un acto procesal defectuoso o una irregularidad, no determina la nulidad, inadmisibilidad o inutilización de las muestras.
Es decir, la ruptura de la cadena de custodia o su omisión no significa que los documentos pierdan su eficacia probatoria, ya que la autenticidad de la prueba material se puede acreditar por diversos medios reconocidos por la ley.
Además del pedido de exclusión, Marita Barreto tiene otros dos procesos: uno administrativo, en la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, en el que está, actualmente, en condición de rebeldía, por no presentar sus descargos a tiempo.
La otra investigación es una denuncia procesal que está en la 24 Fiscalía Provincial Penal de Lima, por delitos contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, y contra la administración pública por encubrimiento real en agravio del Estado.
El fiscal de la Nación en funciones, Pablo Sánchez, desde un primer momento ha querido velar por la idoneidad de los fiscales que representan al Ministerio Público. Por eso es necesario que un nuevo fiscal probo sea nombrado en un caso tan importante como el de Orellana.
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