La decisión del gobierno de excluir a PetroPerú del proyecto de explotación en Talara para el cual se había asociado con la empresa Graña&Montero, no solo ha significado un abrupto cambio de timón en la política energética del Gobierno –un hecho por el que el Congreso ya ha pedido explicaciones-, sino que, a nivel económico, significará una pérdida de US$5.7 millones a la petrolera estatal, monto que deberá reembolsar a su ex socio, por el inicio de trabajos del proyecto del que ya no es parte.

Así lo revela hoy Lamula.pe, que tuvo acceso a una carta recibida por PetroPerú el pasado 18 de marzo, en la que Graña&Montero, por entonces su aún socio, da cuenta de los montos totales de dinero ya invertidos en la etapa de pre operaciones, y de los que, en un 25% le corresponde reembolsar a la petrolera estatal.

Se trata de la primera parte de una inversión que, de haber continuado en el proyecto, PetroPerú podía recuperar en tan solo cuatro años. Pero que, tras el reciente anuncio de la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, acerca de sacar a la empresa pública del proyecto, PetroPerú se verá obligado a reembolsar, truncando su participación y, por tanto, perdiendo el dinero.

Aunque la decisión gubernamental -dada a conocer la semana pasada- termina con el plan inicial de la gestión Humala de volver a encaminar a PetroPerú hacia la explotación de hidrocarburos, esta es una historia de idas y vueltas que se remonta a los dos últimos años de gobierno.

El candado del MEF

Aplausos de un lado, y críticas del otro, generó un anuncio del presidente Ollanta Humala durante su discurso por Fiestas Patrias del 2013. El mandatario dio a conocer el interés de su Gobierno en el proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, que le permitiría a PetroPerú no solo una mayor producción de petróleo refinado, sino incluso un mayor beneficio ambiental para el país al conseguir combustibles más limpios, y con menos presencia de azufre.

¿Cuál era la polémica? La proyección de inversión del proyecto, nada menos que US$2,700 millones, el monto de inversión pública más grande de la gestión Humala.

De inmediato algunas voces de protesta, venidas principalmente del sector empresarial, empujaron al MEF a enmarcar la iniciativa dentro de la Ley Nº 30130 (que declaró la Modernización de la Refinería de Talara un “proyecto de interés nacional”), en cuyo Artículo Nº 6 prohibió a PetroPerú a hacerse de contraer nuevos “pasivos reales o contingentes” hasta que no se pague el préstamo del proyecto de modernización que hacía el Estado.

Lo que la inclusión de ese artículo conseguiría más adelante fue ponerle un candado al siguiente paso que un sector del Gobierno quería dar dentro del Plan de Fortalecimiento de PetroPerú: el retorno de la petrolera estatal a la explotación de hidrocarburos.

La llave 

Cuando el año pasado PetroPerú firmó un contrato con la empresa Graña&Montero para explotar juntos los lotes petroleros III y IV, ubicados en Talara, los críticos de la inversión estatal encontraron en el Artículo Nº 6 el respaldo legal para evitarlo. Se adujo que, por Ley, la petrolera estatal estaba prohibida de hacerse de nuevos pasivos -en este caso una inversión- mientras no concluya el proyecto del Mejoramiento de la Refinería de Talara, y que no podía distraer recursos ni esfuerzos en cualquier otra iniciativa. Para otros, una interpretación legal válida era que no podía invertir en aquello que generase un riesgo financiero para la empresa y por lo tanto para cumplir con las obligaciones derivadas de la modernización de Talara.

Entonces, ¿era un buen negocio para PetroPerú ser parte de este consorcio para explotar los lotes? Sí. No solo porque el riesgo de la inversión estaba notablemente disminuido gracias a estudios técnicos previos que aseguraban la presencia de petróleo en la zona (se trata de los lotes antes explotados por InterOil), sino porque las proyecciones de la operación son de 24 millones de barriles de reservas de petróleo. Según Humberto Campodonico, presidente de Petro Perú, al multiplicar la cifra por US$50 el barril, los ingreso del proyecto hubiesen sido de US$,1200 millones, cifra de la que a PetroPerú le tocaría recibir US$300 millones (toda vez que contaba con el 25% de las operaciones del consorcio).

Según documentos a los que pudo acceder Lamula.pe, los cálculos hechos por Graña&Montero y Petro-Perú estimaban que tras al inversión inicial por un total de US$20 millones, el punto de retorno de la inversión se realizaría en el año 4, tomando en consideración un precio por barril de US$55. Es decir, a partir de año 5, Petro-Perú hubiese recibido utilidades que le permitirían mejorar su capacidad de repago de la deuda asumida para la modernización de Talara. 

Quizá por ello la gestión del ex ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, estaba convencida de la importancia del regreso de PetroPerú a las actividades de explotación y producción de petróleo, al punto de apoyar a la empresa estatal para que a pesar del artículo 6 con el que el MEF pretendía atarla de manos, incursionará en este proyecto. De hecho, promovió un Proyecto de Ley ante el Congreso de la República que facultaba al directorio de PetroPerú a tomar ese tipo de decisiones.

Por ello ha llamado tanto la atención que, tras la salida de Mayorga, hace apenas tres semanas, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), ahora bajo la dirección de la ministra Rosa María Ortiz, no solo haya dispuesto el retiro de cualquier iniciativa legal desde el MINEM que permita el involucramiento de PetroPerú en cualquier proyecto de inversión, sino que dio a conocer que el directorio de la empresa estatal ha dispuesto su retiro del proyecto.

Reacción en el Congreso 

Para el congresista Manuel Dammert (Acción Popular-Frente Amplio), consultado para esta nota, la nueva disposición gubernamental no es más que una clara interferencia de la ministra Ortiz en un proceso de licitación ya ganado por el consorcio PetroPerú-Graña&Montero, y que le permitiría a la empresa estatal hacerse de un 25% de las operaciones, devolviéndola luego de décadas a la explotación petrolera.

“La de la ministra Rosa María Ortiz es una acción delictiva, que va legalmente contra las reglas de cualquier proceso de licitación. Aquí hay ya un contrato firmado, y se quiere sacar ahora del negocio a PetroPerú para beneficiar con el 100% de las operaciones a la privada Graña&Montero. Otro ejemplo más de la práctica del lobby de este Gobierno, del que no entendemos este abrupto cambio de opinión”, dijo el legislador.

Sin embargo, y hasta donde se puede desprender de las cartas a las que Lamula,pe tuvo acceso, Graña&Montero nada ha tenido que ver con la decisión gubernamental de alejar a PetroPerú de la operación. Por el contrario, todo parece indicar que la relación avanzaba fluidamente. Fuentes del MINEM aseguraron que al menos hasta la semana pasada, una serie de comunicaciones de la empresa al ministerio seguían considerando como socio de sus operaciones a PetroPerú.

Dammert señaló que el parlamento viene tramitando una invitación formal a la ministra de Energía y Minas, para que brinde explicaciones sobre el retiro de la estatal PetroPerú de este millonario negocio. “Si las explicaciones que brinda no son satisfactorias, sí, promoveremos su interpelación”, dijo el congresista. 

Sin embargo las consecuencias de este inesperado giro de timón del Gobierno, en política energética, no solo tendrán lugar en el Congreso, sino, y sobre todo, en el campo económico. Aún fuera del proyecto, PetroPerú deberá desembolsar US$5.7 millones.

La carta 

Lamula.pe revela en esta nota una carta que el pasado 18 de marzo la empresa Graña&Montero envió a su entonces aún socio, PetroPerú. Por entonces, pese a algunos rumores desde el MINEM, no se tenía la certeza que hoy existe respecto a la decisión gubernamental de apartar a PetroPerú del proyecto de explotación de los lotes III y IV, y que hoy ha generado un terremoto al interior de la institución: el cambio de su presidente, y el posible despido de todo el directorio.

En la misiva, Graña&Montero le informa a PetroPerú sobre los costos que hasta entonces venía generando la etapa de “pre operaciones”, y que la empresa ha venido solventando con miras a un reembolso de parte de la petrolera estatal, hasta entonces su socio. La carta dice textualmente:

“Según las bases, el contratista (las partes, según porcentaje de participación) deberá hacer un pago de US$11.5 millones por la compra de equipos existentes en los lotes. En adición, Graña&Montero, en su condición de operador, viene realizando gastos pre operativos relacionados a la ejecución del Plan de Transición, que deberán ser cargados según porcentaje de participación a cada una de las partes. El monto estimado de los gastos pre operativos es de US$2.3 millones”

Y sigue:

“El costo estimado de capital de trabajo inicial, en adición a los gastos pre operativos ya mencionados, suman un total de US$3.4 millones. Así, el capital de trabajo que deberá ser reembolsado en el primer “cash call” (abril, 2015), será la suma de estos dos montos, que asciende a US$5.7 millones”.

¿Qué sucederá con este monto que hoy le adeuda PetroPerú a Graña&Montero producto de la etapa pre operativa del proyecto? Se trata de un costo que, aún fuera del proyecto, la petrolera estatal deberá asumir. ¿Qué explicación dará el MEF al respecto? ¿Cuál es la “racionalidad económica” detrás de este cambio del Gobierno respecto al rol que le toca desempeñar a Petro-Perú? ¿Por qué cambio de decisión el presidente Humala? ¿Cuál fue la “razón” que le dieron para convencerlo esta vez?

La lista de preguntas espera respuestas.