Hoy, cerca de las tres de la madrugada, la premier Ana Jara anunció el retiro de tres altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Señaló, además que solicitaría una "investigación sumaria" por parte de la Fiscalía de la Nación para determinar "si el acopio de información pública constituye un delito". 

Esta investigación ya está en curso. Así lo señaló el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en declaraciones para Ideele Radio. El magistrado indicó que las pesquisas determinarán quienes son los responsables del acopio de información:

"El rastreo de la DINI es un caso que se conecta al de reglaje, y lo prudente es que se haga una sola investigación. Simultáneamente estamos pidiendo un informe a la Fiscalía para que nos diga cómo va el avance de la investigación. Entiendo que sí se han practicado diligencias y se han tomado declaraciones, pero eso es materia de una investigación reservada".

De esta forma, las indagaciones determinarán, por ejemplo, si los ministros advertidos por el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde de estas 'actividades irregulares' y que no tomaron acciones tienen responsabilidad penal.

Precisamente, el legislador de la bancada Acción Popular-Frente Amplio manifestó a Perú 21 que envió misivas (desde octubre del 2013) a varios ministros del gobierno nacionalista como el expremier Juan Jiménez Mayor; los exministros del Interior, Wilfredo Pedraza y Walter Albán; el extitular de Justicia, Daniel Figallo; y el actual ministro de Defensa, Pedro Cateriano. 

Este último llamó a RPP para señalar que él nunca recibió carta alguna. García Belaunde, presente en los estudios de la emisora, señaló que tiene todos los cargos de los oficios enviados. En ellos, se señalaba que Rosendo Francisco Sánchez, agente de la DINI que realizó búsquedas registrales del popular 'Vitocho', así como de sus familiares, allegados y colaboradores.

El político acciopopulista también denunció que la información recopilada sobre él llegó a la mafia que encabezada el hoy encarcelado Rodolfo Orellana:

“[...] la información buscada desde la DINI, que involucró propiedades inmuebles y vehículos, terminó en manos de la red criminal de Rodolfo Orellana Rengifo y su socio Benedicto Jiménez Baca. La información rastreada por la DINI era comercializada a la mafia”.

Desde luego, el Ejecutivo mandó a sus 'cuadros' a defenderlo. Uno de ellos, el parlamentario Josué Gutiérrez, señaló en RPP que ante esta situación, la solución es empoderar a la premier para que encabece la reestructuración de la DINI. Una defensa pobre y débil.

"La obtención de la información que es de dominio público no es un problema, para qué fines lo utilizan es el problema"

Por supuesto que la gravedad del asunto radica en la utilización de la información. Ahora bien, uno de estos fines podría ser el chantaje si no, ¿por qué vigilar a políticos opositores y a periodistas 'incómodos' al gobierno como Juan Carlos Tafur, César Hildebrandt, Edmundo Cruz o Gustavo Gorriti? ¿Acaso querían 'armarles' un archivo para extorsionarlos?  

El analista político Fernando Rospigliosi también advirtió sobre las actividades irregulares de la DINI en el 2013. Más aún, se descubrió que había sido 'reglado'. Y ahora, a propósito de estas nuevas revelaciones, sostuvo que el responsable político es Ollanta Humala. "El SIN de Montesinos y la DINI son casi idénticos", subrayó.

A casi un año de abandonar el poder, Humala enfrenta una de sus peores crisis políticas. Le conviene hablar pronto. No debe olvidar que la inmunidad no dura para siempre.

[Foto de portada: Andina]