La oposición en el Congreso presentó una moción de censura (con 33 firmas) contra la jefa del gabinete, Ana Jara, por el último escándalo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que rastreó en Registros Públicos propiedades de políticos, empresario y periodistas.

El documento en mención señala que Jara, de cuyo despacho depende la DINI, ha demostrado “incapacidad” para seguir en el cargo. 

Ni siquiera el anuncio del relevó de la plana mayor del organismo de Inteligencia que hizo la primera ministra esta madrugada en el hemiciclo calmó los ánimos en el Legislativo.

La moción de censura es parte del jaleo político que se da normalmente en este tipo de situaciones. Pero lo que no es normal es el proceder de la DINI. ¡Más de 100 mil búsquedas en Registros Públicos! para armar 'files' de los personajes a los que investigaba.

Ahora se sabe que ministros de Estado en funciones (Pedro Cateriano, Juan Jiménez, Walter Albán y Daniel Figallo) fueron alertados de esta situación y todos, al parecer, miraron al techo.

¿Para qué quería el Gobierno toda esa información? ¿Con qué objetivo? Una lectura válida sería que dichos 'files' podrían ser usados, de ser necesario, para 'neutralizar' a personajes incómodos al régimen, o que se estén volviendo incómodos. Traducción: chantaje puro y duro. No es raro en la política. 

El silencio del presidente Ollanta Humala favorece a que crezcan ese tipo de especulaciones. El mandatario no ha mostrado la misma indignación que suele tener cuando defiende a Nadine Heredia y critica a los medios por informar sobre cuestiones válidas sobre ella, como las referidas a sus ingresos y patrimonio.