Rodolfo Orellana hizo el 'gran negocio' con el Estado. Así lo revela el informe preliminar de la comisión parlamentaria que investiga los nexos del abogado con el Estado. El documento fue aprobado por unanimidad y se ha pedido 120 días adicionales para proseguir con las investigaciones, ya que aún hay mucho por esclarecer.
Según el informe, el también empresario habría estafado al Estado por un monto de S/. 564 millones aproximadamente. Aunque presidente del referido grupo de trabajo, Vicente Zevallos (Solidaridad Nacional), señaló a Perú 21 que la cifra podía ser mucho mayor.
En el anexo 2 del documento legislativo se detalla que en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores (Coopex), la cantidad defraudada alcanzó la cifra de S/.321 millones 258 mil; en tanto que la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Emprendedores (Coopem) obtuvo una 'ganancia' de S/. 7 millones a costa de Estado. Ambas entidades están vinculadas al investigado.
La red Orellana-dedicada al tráfico de terrenos y lavado de activos- puso su mirada en los gobiernos regionales, a los cuales estafó a través de la emisión de cartas-fianza emitidas de manera irregular.
Solo 11 gobiernos regionales han admitido haber aceptado esos documentos por parte de Coopex. Esta institución produjo 131 cartas-fianza para respaldar 35 obras por un monto de S/. 128 millones de soles. Los municipios distritales tampoco se salvaron. Diez de ellos aceptaron haber recibido 46 cartas-fianza- ya sea de Coopex o Coopem- para 15 obras por un monto alrededor de S/. 69 millones. Un sencillo, nomás.
El informe revela, además, las movidas de la red Orellana en la tala y minería ilegal. Cuatro de empresas del abogado están ligadas a la minería ilegal. Estas son: Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Palo Amarillo JR 1 1000; Norte Perú Inversiones Mineras SAC; Minera Manchester Gold SAC ;y Mineras Ancocala SAC.
En tanto Parihuelas & Maderas del Oriente SRL, Industrias de Maderas y Afines el Sol SAC; Peruvian Woods SAC; y Pan American Amazon Timber SAC (firma relacionada con el exdirigente aliancista Guillermo Alarcón) están vinculadas con la tala ilegal.
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