Luego de que el reformulado cuadernillo de extradición de Martín Belaunde Lossio recalara nuevamente, y por sorteo, en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, dos de sus integrantes, Javier Villa Stein y Josué Pariona Pastrana, tomaron la decisión este mediodía de inhibirse de evaluar el documento que ingresara el viernes pasado el juez de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho.
Los vocales supremos Duberlí Rodríguez Tineo y David Loli Bonilla no lo han hecho aún, y por eso la Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría Anticorrupción están a la expectativa de la decisión que tomen, pues, de no seguir con el mismo mecanismo, ambas instituciones procederán a recusarlos.
El quinto juez supremo que verá el cuaderno será José Neyra Flores, quien no vio en la anterior ocasión la solicitud de extradición por encontrarse con licencia.
Según pudo conocer Lamula.pe, Villa Stein y Pariona Pastrana se inhiben por “un tema de criterio”, en vista de que en su fallo anterior (Resolución No 11-2015) optaron por una tesis “contraria a la unidad del título de la imputación fiscal”.
En el oficio de inhibición firmado por los dos magistrados, insisten en que un particular (Belaunde Lossio) no puede ser posible de sanción penal por delito de peculado porque no tendrían la condición de funcionario público, que es el criterio que dejaron establecido en su resolución anterior.
“Para evitar que se genere dudas respecto de su imparcialidad” es que han decidido, por lo tanto, inhibirse.
Todo ello ocurre mientras en Bolivia la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) decide en segunda instancia si le concede o no refugio a Martín Belaunde.
60 DÍAS MÁS DE DETENCIÓN
Mientras ello se dilucida, el juez de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho, ha solicitado la ampliación del arresto provisorio del procesado peruano por 60 días más, tiempo suficiente para que se resuelva el futuro del cuaderno de extradición reformulado que el mismo magistrado ingreso a la Corte Suprema el viernes pasado.
El juez Concepción emitió su resolución ayer, y la misma debe llegar hoy, vía la oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación, al Poder Judicial boliviano, para que sea un juez altiplánico el que decida si ordena o no la renovación de la detención del peruano.
Si se admite el pedido de extensión del arresto –que en su primera etapa vence el 21 de marzo– Belaunde Lossio vería limitada su libertad hasta el 20 de mayo. Se supone que para entonces el cuadernillo de extradición por el caso La Centralita ya estaría resuelto.
Pero si esta tarde la Conare le concediera refugio a Belaunde, todos los mecanismos que ha activado la justicia peruana para traerlo al país –léase pedido de extradición o de expulsión– se truncarían completamente, pues el exfinancista presidencial pasaría a convertirse en un protegido de las leyes bolivianas.
¿Y LA EXPULSIÓN?
Ahora, si a las 6 de esta tarde la Conare boliviana rechaza darle refugio a Belaunde, de inmediato se activarán los mecanismos para expulsarlo del país vecino, procedimiento que correrá a cuenta del gobierno de Evo Morales en vista de que el Perú ya ha solicitado en tres oportunidades la expulsión del expropietario del diario La Primera.
“Estamos hablando de tres pedidos reiterados que se hacen a través de Cancillería. En términos diplomáticos, tres pedidos sobre lo mismo es un tema complicado”, señaló a Lamula.pe una fuente vinculada al proceso.
Como bien adelantó este portal en su edición del 5 de marzo pasado (“Caso Belaunde Lossio: la anternativa de la expuslión”), el requerimiento de las autoridades nacionales se encuentra amparado en el artículo 37, título VI, de la Ley 370 de Migración boliviana.
El numeral quinto de dicho artículo dispone que “si la persona migrante extranjera se encontrase perseguida penalmente en el exterior con mandamiento de captura, la Dirección General de Migración remitirá a ésta a la autoridad competente”.
Y el artículo 26 de dicha norma, sobre la prohibición del ingreso a territorio boliviano, no permite el ingreso a dicho país de los extranjeros que “se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura o haber sido condenados en el país por delitos penales y previo cumplimiento de la pena, y conforme a lo establecido en los acuerdos y tratados internacionales ratificados por el Estado”.
De concretarse la expulsión, Bolivia tiene 10 días hábiles para poner a Belaunde a disposición de las autoridades peruanas. Aunque, durante ese período, el exfinancista presidencial podría seguir amparado por las normas altiplánicas. Es decir, nada podría descartar un eventual intento de fuga.
LAVADO DE ACTIVOS
El fiscal anticorrupción Elmer Chirre remitió ayer al juez Richard Concepción el expediente por lavado de activos en el caso La Centralita, que involucra a Martín Belaunde.
De ese modo, ya está en manos judiciales y bajo evaluación el tercer caso por el que se pedirá la extradición de Belaunde.
Eso sí, Richard Concepción dejó esta mañana el despacho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, que había asumido por una licencia solicitada por su titular, la jueza Mercedes Caballero, quien retornó hoy a sus labores.
Será esta magistrada la que le dé forma al nuevo caso para extraditar al examigo presidencial, el que, en buena cuenta, se suma al hipotético escenario complejo que afrontaría Belaunde.
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