El último miércoles, el Pleno del Congreso de la República aprobó una ley contra el llamado acoso sexual callejero. La medida fue bien recibida por diversos sectores, pero también genera dudas y cierta resistencia.

Si bien esta ley busca castigar el acoso sexual en espacios públicos, su principal objetivo es prevenir y disuadir a los acosadores de intimidar, hostilizar, degradar y humillar a mujeres, niños y adolescentes.

Para el penalista Luis Lamas Puccio, la aplicación de la norma puede ocasionar arbitrariedades pues es muy subjetiva. Su mayor preocupación es cómo determinar si detrás de un silbido o piropo subido de tono hay una carga sexual agresiva, que es lo que sanciona la ley.

Por su parte, Mario Amoretti, decano del Colegio de Abogados de Lima, considera que la referida medida no tiene nada nuevo, porque repite lo que dice el artículo 183 del Código Penal, que castiga con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 4 años a las personas que realicen tocamientos indebidos o cualquier conducta de índole obscena en la calle.

Frente a estos cuestionamientos, Lamula.pe conversó con María Elena Reyes, directora de la ONG Manuela Ramos, quien afirma que la aprobación del proyecto de ley es positiva.

“La ley logra ponerle nombre al acoso callejero que miles de mujeres han venido sufriendo y ha descrito las conductas que lo definen como acoso en los espacios públicos”.

Agregó que las dudas y resistencias de algunos penalistas son infundados en esta etapa.

“Todavía no hay una tipificación de acoso sexual en espacios públicos. Eso se ha dejado para un segundo momento, cuando se debata la modificación de todo el paquete de Código penal. Por lo que no podemos hablar aún de penas".

Empezar por la prevención es importante porque los peruanos deben empezar a cambiar patrones socioculturales que ponen a la mujer en una situación de objeto sexual. Por esa razón, Reyes considera un gran paso que la norma además disponga una serie de obligaciones para los ministerios de la Mujer, Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones e Interior.

Por ejemplo, la cartera de Educación tendrá que incluir, como parte de la currícula escolar, cursos sobre esta materia, establecer mecanismos de prevención, capacitar al personal docente y administrativo sobre el tema y establecer un sistema de denuncias para las víctimas.

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