Esta historia empieza en marzo de 1987, cuando una empresa denominada Victoria Industrial SA –hoy Promotora Oquendo– donó un terreno de 70,630 metros cuadrados a la antigua Corde Callao, que hoy es el Gobierno Regional del Callao.  

En abril de 1988 una resolución suprema del primer gobierno de Alan García dispuso que el objeto del terreno debía ser la “edificación de un centro de acopio y mercado mayorista”, tal como lo había señalado la donación de los propietarios de Victoria Industrial SA. Pero en 2011, Félix Moreno y sus funcionarios le dieron al terreno un destino distinto.

El 19 de mayo de 2011 la gestión de Moreno subastó el inmueble por US$ 5’096,405, a pesar de que una tasación comercial efectuada por dos peritos judiciales la valorizó en US$ 17’507,500. Como el proceso se declaró desierto se convocó a una segunda subasta en junio de ese año, esta vez, con un precio base 10% menor: US$ 4’586,765.

La empresa que se adjudicó los más de 70 mil metros cuadrados fue Inmobiliaria Estefanía SAC, de Óscar Peña Aparicio y Óscar Peña Macher, quienes tiempo después firmaron la minuta de compra-venta con el gobierno regional. Pero en la subasta se detectaron irregularidades que motivaron las posteriores indagaciones fiscales.

Resultó que las cuatro empresas que pugnaron en la primera y segunda subastas estaban relacionadas, todas, a Óscar Peña Aparicio: Doña Licha SAC, LSA Enterprises Perú SAC, Inmobiliaria Estefanía y Edferhope EIRL. Esta última, estaba registrada a nombre de un personaje que vive en San Juan de Lurigancho y que, según la Fiscalía, está vinculado a Peña. 

“Se observa la existencia de los mismos socios propietarios de distintas empresas, las que se habrían presentado a la subasta pública con la finalidad de obtener la buena pro de todas formas, lo cual habría sido de conocimiento de los funcionarios que intervinieron en este proceso”, señala el fiscal antilavado.

Según la autoridad, ello “permitió que se adquiriera (el inmueble) a un precio subvaluado, evitando la posibilidad de incrementar el precio a favor del Estado, situación que habría sido efectuada con acuerdo de los funcionarios del gobierno regional”.

La fiscalía contra el lavado de activos también compromete a Félix Moreno y a sus principales funcionarios, a Peña Aparicio, a su hijo Peña Macher y al empresario Gustavo Enrique Ugarte Chávez en una segunda operación que implicó la adquisición vía subasta de un terreno de 247,155 metros cuadrados de la Parcela Ventanilla, por S/. 7’110,200. 

Once postores mostraron interés por la subasta pero solo cinco recibieron los sobres del comité especial. Entre ellos, de nuevo Edferhope EIRL, vinculada a Peña, y Pesquera Liviamar SAC. Finalmente, Edferhope desistió y dejó expedito el camino para que Liviamar se quede con el terreno, empresa que pagó solo S/. 1,258 adicionales sobre el precio base del inmueble ofertado.

El fiscal Rojas ha ordenado a su personal investigar el patrimonio de Félix Moreno y de sus funcionarios José Julián García Santillán (gerente general del gobierno regional), Eber Adalberto Ramírez Sánchez (gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial), Marco Antonio Palomino Peña (gerente de Asesoría Jurídica) y Miguel Ángel Asencios Vega (servidor público).

“De acuerdo a las denuncias formalizadas se habrían beneficiado económicamente con la subasta pública de los dos predios ubicados en la Av. Néstor Gambeta s/n, ex Fundo Oquendo… con un área de 70,030 m2, y Parcela Ventanilla I, distrito de Ventanilla, provincia del Callao, con un área de 247,155.99 m2, por un monto superior a los US$ 12’000,000”, señala la disposición fiscal.

Cabe recordar que una de las empresas de Peña Aparicio, LSA Enterprises Perú SAC, figura en la relación de aportantes a la campaña electora de Gana Perú, en el año 2011, como uno de los principales donantes de dinero: S/. 83,100.

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