Uno de los argumentos que utilizó el gobierno para defender la derogada Ley Pulpín era que esta norma iba a ayudar a reducir la informalidad en el empleo. En opinión de sus oponentes, sin embargo, lo que hacía esta ley era en realidad legalizar la informalidad, ya que se recortaban los derechos laborales de los jóvenes.
Derogada la ley, el ministro de Trabajo Fredy Otárola insiste con el tema y afirma que su meta es reducir la informalidad hasta que esta llegue a ser del 50% en julio del 2016.
“Este nivel sigue siendo alto, pero habremos avanzado bastante. Desde ya estamos trabajando para que el ritmo anual de reducción alcance los seis puntos porcentuales por año", dijo el ministro al diario oficial El Peruano.
¿Y cómo lo hará? Otárola afirma que trabajará en un proceso de "concientización" al microempresario para que entienda que la formalidad es la mejor opción. Una de las medidas es la difusión entre las microempresas de los beneficios de tener trabajadores en planilla.
“Como ministerio estamos elaborando estrategias que ya casi están culminadas para acelerar el proceso de reversión de la informalidad. No es un tema de sobrecostos porque en la microempresa la carga salarial adicional no llega al 6% de la remuneración. El problema va por concientizar al microempresario", afirmó.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la tasa de informalidad dentro de la Población Económicamente Activa es de 75%. Y Otárola pretende reducirla hasta el 50% en 18 meses, lo cual resulta una tarea casi imposible, considerando que el ritmo anual es de solo 6 puntos porcentuales, como afirma el ministro.
El ministro de Trabajo tampoco menciona cuáles serán esos nuevos beneficios que recibirán las empresas. Si solo difundirá beneficios ya existentes que no han tenido el efecto esperado, es poco probable que los resultados sean ahora distintos.
Una de las opciones es que esos beneficios sean tributarios, de tal manera que los derechos laborales no se afecten y las empresas se vean alentadas a formalizarse. Por ejemplo, la Asociación De Exportadores propuso a Humala que el Impuesto General a las Ventas se reduzca desde 19% a 10% a un ritmo de reducción de dos puntos porcentuales.
La informalidad laboral debería ser combatida, en principio, a través de la fiscalización del Ministerio de Trabajo, pero los encargados de esta tarea, los inspectores, denuncian que el Estado no respeta sus derechos. En diciembre pasado, el Sindicato de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral amenazó con una huelga exigiendo la ejecución del resultado de un arbitraje que ordenaba el pago de bonos a los trabajadores.
(Foto de portada: Jorge Luis Cerdan)
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