El Protocolo de Kioto es el único plan jurídicamente vinculante para combatir el calentamiento global, aunque solo incluye a naciones desarrolladas cuya proporción de las emisiones mundiales de estos gases es inferior al 15% del total. Hace 10 años, el 16 de febrero del 2005 entró en vigencia y en diciembre del 2012, cuando finalizaba, la COP18 de Doha lo extendió hasta el 2020, cuando será reemplazado por el acuerdo climático global que se aprobaría a finales de este año durante la COP21.
¿Ha servido? Hay opiniones divergentes. Hasta el año pasado los 15 países europeos que se comprometieron en el protocolo a contener sus gases de efecto invernadero han cumplido su meta conjunta: emitir en conjunto un 8% menos que en 1990. No obstante, aún hay mucho por hacer para enfrentar el cambio climático.
Propósito del protocolo
Promueve el desarrollo sostenible y combate el cambio climático. Su objetivo principal es reducir las emisiones a la atmósfera de los seis gases que provocan el efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hidrofluocarbono, el perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre.
¿Quiénes participan?
Hasta el 2012, todos los países de Europa y la mayoría de los países asiáticos. Este amplio apoyo permitía que la ONU mantuviera su posición acerca de que el calentamiento global es un problema mundial, no regional.
¿Y EEUU?
EEUU no ha ratificado el protocolo, es el único país que ha declarado formalmente que no tiene intenciones de firmarlo. Como el productor más grande de emisiones de CO2 durante décadas, las acciones de EEUU tienen consecuencias ambientales de largo alcance. India, China, Japón, Ucrania, Brasil, entre otros, tampoco han ratificado.
Críticas
Se cuestiona el protocolo porque reflejaría las desigualdades económicas en todo el mundo. Así, se argumenta que al establecer 1990 como fecha límite, se favorece a las naciones europeas. Y es que en ese entonces la mayor parte de Europa era completamente industrializada, mientras que China e India han hecho avances importantes en el desarrollo desde 1990 y se les tendría que pedir que descarten una gran parte de ese progreso.
Ventaja legal
El protocolo tiene estatus legalmente vinculante. A diferencia de otros acuerdos internacionales, a los países que ratifican el protocolo se les pide que cumplan con ciertos objetivos para disminuir sus emisiones de carbono. Si no pueden cumplirlas, la ONU están autorizada legalmente para determinar objetivos incluso más pesados para ese país, mientras que le impiden participar en un programa de intercambio de emisiones en el futuro.
Con cinco años por delante, sus impulsores esperan que el protocolo se mantenga y permita una inmediata implementación del futuro nuevo acuerdo climático post-COP21.
(Foto portada: huffingtonpost.es)
