La decisión tomada por el gobierno de que la empresa argentina Pluspetrol abandone la zona de Pichanaki generó el inmediato rechazo de la oposición. Las figuras de los ministros de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga; de Justicia, Daniel Figallo; y del Interior, Daniel Urresti (sobre todo de los dos primeros) han sido las más criticadas. 

Víctor Andrés Belaunde (Acción Popular) cuestionó que las negociaciones fueran realizadas con Carlos Chavarría, quien, además de ser uno de los promotores de las protestas en la región, ha sido vinculado con el Movadef y el etnocacerismo.

"Se había advertido que allí se venía generando un problema desde hace un año. Los ministros han claudicado ante el etnocacerismo. Ha sido vergonzoso ver a dos ministros de Estado [Mayorga y Figallo] firmar un acta de claudicación. Demuestra que este es un gobierno sin ningún tipo de liderazgo”", indicó. 

El congresista Carlos Bruce (Concertación Democrática) “señaló que la consecuencia directa de la decisión del gobierno será una posible demanda por incumplimiento de contrato por parte de la empresa argentina: "“Fue lamentable cómo cedieron [los ministros Mayorga y Figallo] sin negociar. Pluspetrol nos puede demandar ante la Corte Interamericana de Inversiones y puede ganar”".

Por ello, Bruce exigió la salida de ambos ministros, así como también la de Daniel Urresti, al considerarlo responsable directo de la muerte de una persona durante los enfrentamientos del miércoles: "Tiene en sus manos un muerto”", refirió. 

Mauricio Mulder, integrante de la misma bancada que Bruce, también descalificó el accionar del gobierno en Pichanaki. En diálogo con diario Correo dijo: "“El gobierno del señor Ollanta Humala se ha arrodillado ante un grupo de etnocaceristas gritones, que impone la violencia evitando la posibilidad de un desarrollo económico que estaba pactado con la mayoría de comunidades nativas que estaban allí”".

Asimismo, Mulder comentó que el ministro Mayorga podría ser acusado constitucionalmente por sus declaraciones: "El ministro Mayorga ha dicho ‘le damos tres días de plazo para que se vaya’, a pesar de que el Estado tiene un contrato firmado con Pluspetrol. No puede un ministro, de simple boca, hacer una declaración así. Es completamente ilegal, es pasible de una acusación constitucional”".

El líder de Perú Más, Pedro Pablo Kuczynski, lamentó que el ministro Mayorga terminara cediendo ante la presión violentista” de cierto sector: "“El ministro no puede decirle al contratista que se vaya simplemente porque no tenemos los pantalones ni la inteligencia para aguantar los reclamos forzados por un grupo que tiene ciertos intereses".

Agregó que la llegada de inversiones legales, como la de Pluspetrol, era rechazada por grupos dedicados a actividades ilícitas que se sentirían en riesgo: "“Si uno está en negocios turbios, como la tala ilegal o en el Vraem, que está al sur de este lote, no quiere tener equipos que hacen sísmica. Son gente moderna que pone sus cables y resonancias y se va, pero ellos van acompañados de policías”", comentó en RPP. 


Gobierno persistirá en mantener diálogo

Este 19 de febrero, el Ejecutivo y los representantes sociales y autoridades del distrito de Pichanaki, se reunirán para revisar, entre otros puntos propuestos por el Frente de Defensa Ambiental y otros gremios, el contrato con Pluspetrol y la elaboración de un plan que permita constatar las denuncias de daños ambientales por las labores de la empresa en el Lote 108. 

En declaraciones para La República, Julio Andrés Rojas Julca, jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aseguró que estarán presentes para la cita representantes de  la Asociación de Comunidades de los Pueblos Originarios, alcaldes, la Cámara de Comercio, el presidente del Gobierno Regional de Junín, los productores cafetaleros y “todos los que están de acuerdo en promover del desarrollo de Pichanaki”.

Así como en otras regiones donde se dieron conflictos sociales, el Ejecutivo aprovechará la ocasión para conformar grupos de trabajo en otras áreas, como salud, educación, desarrollo agrícola, transporte y turismo, agregó Rojas Julca.


(foto de portada: Correo)

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