La burocracia administrativa, si es que se trata solo de eso, no solo retarda la inversiones, sino también la justicia. La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional es el mejor ejemplo de lo dicho. En esta dependencia del Ministerio Público duermen el sueño de los injustos casos emblemáticos vinculados a derechos humanos que ahora sufrirán un mayor retraso cuando el fiscal encargado Luis Landa Burgos sea removido del puesto.
Landa Burgos postuló a un concurso del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Lo ganó y el pasado 22 de enero, una resolución del CNM lo nombró fiscal superior especializado contra la criminalidad organizada. Aunque todavía no se ha oficializado a qué despacho será trasladado, la resolución no debería tardar y el Ministerio Público deberá nombrar a otro fiscal provisional, lo cual dilatará aún más la resolución de los casos.
El despacho de Landa Burgos tiene en cartera expedientes paradigmáticos como el de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, el asesinato del periodista Hugo Bustíos, el homicidio del dirigente sindical Pedro Huilca, así como las acusaciones contra Vladimiro Montesinos y el general en retiro EP Luis “Tuto” Pérez Documet, en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
De estos casos el único expediente que tenía plazo definido para emitir dictamen era el del asesinato del corresponsal en Huanta de la revista Caretas, Hugo Bustíos. El expediente sindica al ministro del Interior, Daniel Urresti, como autor mediato del crimen.
Margarita Patiño, viuda del periodista y la hija, Sharmely Bustíos llevan 27 años reclamando que se haga justicia con la muerte del periodista. De los tres agentes del ejercito condenados por este crimen, uno indica que Urresti estuvo en la patrulla y participó de la emboscada a Bustíos y al periodista Eduardo Rojas Arce, aquel fatídico 24 de noviembre. Los abogados del ministro han pedido que se archive la investigación pues sostiene que no existen pruebas que lo vinculen con el crimen.
El fiscal Landa señaló que en febrero se emitiría la resolución. Sin embargo, ante su inminente nuevo nombramiento, queda pendiente conocer si su salida entorpecerá la publicación del dictamen sobre un caso sobre el que se ciernen evidentes intereses políticos.
Esposa e hija del periodista asesinado Hugo Bustíos (Foto La república)
Dilación injustificada
La labor de Landa Burgos en la tercera fiscalía se ha visto empañada con las reiteradas quejas de dilación y presiones políticas que presuntamente habría recibido. El abogado de las víctimas de las esterilizaciones forzadas y otrora procurador, Julio Arbizu, afirma que han habido presiones políticas contra Landa, prueba de ello es que "han ido a conversar con él personas [del fujimorismo] que han estado ligadas a la investigación".
En enero del año pasado, el fiscal Marco Guzmán Baca (sí el mismo que investigó la pérdida de pruebas en el caso Orellana sin competencia para hacerlo) archivó la denuncia de la esterilización forzada de 2.067 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori porque la legislación peruana no tipifica este delito.
Para los defensores de las víctimas esto era un tecnicismo subsanable solo con la homologación de este delito con el de lesiones graves o lesiones graves seguida de muerte, por ello presentaron una reconsideración y el caso se derivó a la Tercera Fiscalía Superior Nacional al mes siguiente. Desde entonces, según relata Arbizu, el fiscal se llenó de excusas y pasado más de un año, el fiscal no se ha pronunciado.
"Es inconcebible e injustificable que un fiscal que solo tenía que revisar una decisión, tras un año no haya emitido dictamen. Ahora nombrarán a otro fiscal que tendrá que volver a revisar la carpeta y tendremos una nueva demora".
Lo que reclaman los defensores de las víctimas es que se nombre a una fiscal titular y no una provisional, previendo futuras dilaciones. O mejor aún, que se retorne la competencia a la fiscal de segunda instancia Carmen Ibáñez, a quien le correspondía por el sistema de turnos del Ministerio Público, según Arbizu.
"El entonces Fiscal de la Nación Pelaéz Bardales inexplicablemente transfirió el caso a Landa. Nosotros tenemos serias dudas respecto a la imparcialidad de la justicia. Hasta ahora no se ha pasado de la etapa preliminar a la investigación preparatoria". Los acusados en este caso son: Alberto Fujimori y sus tres exministros de Salud, Eduardo Yong Motta (1994-96), Marino Costa Bauer (1996-1999) y Alejandro Aguinaga (1999-2000).
Casos Barrios Altos, La Cantuta y Pedro Huilca
Landa también debía pronunciarse sobre las acusaciones contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el general en retiro EP Luis “Tuto” Pérez Documet, a quienes se atribuye relación con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta cometidas por agentes del grupo paramilitar "Colina”.
El ex presidente Alberto Fujimori y el ex jefe del SIN Julio Salazar Monroe fueron sentenciados a 25 años de cárcel. Mientras que Montesinos, Hermoza Ríos, y Pérez Documet hasta ahora no han recibido sentencia.
Asimismo, Landa debe pronunciarse sobre el asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca ocurrido en 1992 presuntamente a manos del Grupo Colina. Existen un estancamiento en el proceso de judicialización que sigue sin hallar culpables.
"Cuando la parte civil del caso Bustíos iban a buscar al fiscal Landa, éste decía que estaba inmerso en el caso de esterilizaciones forzadas. Y cuando yo lo iba a buscar, me decía que estaba ocupado con el caso Bustíos. El asunto es que este fiscal se va a ir sin haber resuelto ninguno de los casos", concluye Arbizu.
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