"Las comunidades quieren una compensación por el uso de tierras de una manera consensuada por el pueblo y la incorporación de una empresa comunal para que ingrese a trabajar en ese lote", señala Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco).
En reciente encuentro con la prensa, los dirigentes de las cuatro cuencas de Loreto afectadas por las operaciones de Pluspetrol –Pastaza, Tigre, Corrientes, y Marañón– explicaron cuáles son sus principales demandas:
* Titulación de comunidades de todas las cuencas.
* Remediación Ambiental de todos los territorios y fuentes de agua contaminada.
* Estudio de salud, epidemiológico y toxicológico.
* Compensación integral por uso de sus tierras ancestrales.
* Indemnización por los daños ambientales y sociales producidos por la actividad petrolera.
* Que los gobiernos locales de la zona ejecuten el 50% del canon petrolero de la región.
* Que el Gobierno Regional de Loreto reconozca de manera inmediata la propiedad de las comunidades
* Que el GR de Loreto dicte ordenanzas para la protección territorial de las cuatro cuencas.
* Que el Ministerio de Agricultura revise la normativa que impide el acceso a la titularidad de las tierras y que se adecue el proceso de titulación al convenio 169 debido a que la actual normativa es incompatible con las normas internacionales, y por tanto es ilegal.
* Que el Minag corrija de manera inmediata los informes que califican los territorios de los pueblos indígenas achuar, quechua, urarinas, kichwas y kukamas kukamirias como tierras eriazas y de libre disponibilidad del Estado.
* Que Perupetro incluya cláusulas de compromisos ambientales y sociales que sean pertinentes y fiscalizables dentro de los contratos petroleros.
* Que el Ministerio de Energía y Minas elimine el DS MEM 060-2006 y 061-2006 en el que impone servidumbres gratuitas dentro de los territorios petroleros a favor de las empresas petroleras.
* Que el Congreso de la República derogue las normas que impiden la titulación de los territorios comunales de los pueblos indígenas.
* Que el Poder Judicial sea coherente y que termine con la impunidad ambiental; que investigue a todos los funcionarios responsables de cautelar los derechos de las empresas por encima de los derechos de los peruanos que viven en las cuatro cuencas.
Las negociaciones continuarán. Si bien los dirigentes y los representantes del gobierno tienen la mejor voluntad para que la solución al conflicto sea mediante el diálogo, las poblaciones de estas comunidades no creen en lo que dicen el Estado peruano y la empresa petrolera. Veremos qué ocurre esta semana en la que habrá nuevas visitas a las zonas afectadas.
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