El día de ayer, miércoles 4 de febrero, la Sala Penal Nacional emitió su fallo sobre el caso Gerson Falla. Solo se condenó al policía Diopoldo Aguilar Camacho por el delito de lesiones graves a 8 años de prisión, y no a 15 años por el delito de tortura agravada como pedía el Ministerio Público. Esta sentencia podría ser un precedente negativo para los ciudadanos que podrían ser víctimas de abuso por parte de policías.
El 24 de abril del 2011, Gerson Falla fue detenido en una panadería, trasladado a golpes hasta la Comisaría de San Borja, en donde siguió siendo agredido con varazos y patadas, tal como se muestra en un video grabado por los propios efectivos. A los dos días, el joven perdió la vida por una rabdomiólisis (descomposición del tejido muscular). A pesar de ello, para la justicia peruana, los policías solo cometieron el delito de lesiones graves. Solo se condenó a Aguilar Camacho y los demás procesados fueron absueltos.
"Este es un nefasto fallo, ya que crea un mal precedente, ya que otros policías podrían golpear y torturar a una persona y solo ser condenado por lesiones graves", señaló Juan José Quispe, abogado de la familia Falla y miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL).
En declaraciones a Radio Exitosa, el abogado sostuvo que "el Poder Judicial no ha querido condenar a estas personas por tortura" y que si aún no encuentran al otro acusado Alfredo Huamán Álvarez es porque "sus propios compañeros tendrían que capturarlo".
El abogado Quispe y el padre de Gerson Falla anunciaron que apelaran esta sentencia ante la Corte Suprema y que si no les dan la razón en esta instancia acudirán a instancias internacionales. "Confío encontrar justicia en la Suprema, sino nos iremos hasta la Comisión Intermericana de Derechos Humanos asesorados por el IDL", dijo Marco Antonio Falla.
Un caso similar a este es el de Fidel Flores, un cajamarquino asesinado por policías durante un desalojo. Recordemos que la Ley 30151 exime de responsabilidad penal a las fuerzas del orden que, en uso de sus armas, causen lesiones o muerte. La CNDDHH ha pedido su derogación.
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