Los miembros de la Megacomisión encargada de investigar la corrupción durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) han insistido durante meses para que se debatan los siete informes restantes en el pleno del Congreso. Como no han tenido éxito, en buena cuenta gracias a la desidia de las bancadas, la coyuntura política y las maniobras de los cuatro legisladores apristas, han decidido entregar los informes a partir de esta semana al Ministerio Público para que la fiscalía pueda iniciar una investigación preliminar.
Los informes están referidos a: la interferencia política en el caso Business Track (BTR), el enriquecimiento ilícito de funcionarios, las irregularidades en el programa Agua para todos, la construcción de colegios emblemáticos, la presunta ilegal venta de terrenos del aeródromo de Collique, los decretos de urgencia y casos complementarios (el programa “One laptop per child”, las donaciones de la empresa Odebrecht como el del Cristo del Pacífico, entre otros).
(Puedes ver una breve descripción de cada informe hecha por Justicia Viva aquí)
Esta decisión del grupo de trabajo que durante más de dos años investigó la corrupción en el gobierno aprista no suspende la discusión de los informes en el Parlamento, que deberá darse en el reinicio de la próxima legislatura en abril. Adelanta, sí, pasos en el proceso, ante el aplazamiento del debate en el pleno que solo ha aprobado dos informes: el del caso Sedapal y el de los indultos y conmutaciones de pena a narcotraficantes, conocido como “narcoindultos”. Los primeros informes en presentarse serán: el del caso BTR, los colegios emblemáticos y el enriquecimiento ilícito de funcionarios.
De los informes aprobados en el pleno, el más importante y que ha ameritado sendas acciones de amparo presentadas por el expresidente García, es el de los narcoindultos. Como el pleno acusó constitucionalmente al exmandatario por este caso en junio pasado, el informe pasó a la subcomisión de acusaciones constitucionales, instancia que debía determinar si procedía la denuncia. El plazo para pronunciarse era de diez días, sin embargo hasta ahora no existe una resolución.
El presidente de esta subcomisión, José Luna Gálvez, ha explicado que el retraso ha sido producto de la excesiva carga de trabajo, pero se ha comprometido con los miembros de la Megacomisión a evaluar la denuncia en un plazo de 60 días, es decir en la primera semana de abril, con el reinicio de la legislatura.
Mientras esto sucede, los miembros de la Megacomisión insistirán para que en una sola sesión del Pleno—con tiempos limitados de intervención de los congresistas para acelerar el proceso—puedan debatirse y votarse cuatro de los siete informes pendientes a partir de abril.
CLAVES
Los primeros informes que se entregarán al Ministerio Público son los del caso BTR, los colegios emblemáticos y el enriquecimiento ilícito de funcionarios.
Como se presentan sin la aprobación del Pleno, la Fiscalía no está obligada a formular denuncia, pero los miembros de la Megacomisión están convencidos de que existen evidencias suficientes para que se abra la investigación.
La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, con nuevos integrantes, han programado para el 19 de marzo la audiencia (vista de causa), tras la cual resolverá la acción de amparo contra la resolución judicial del Quinto Juzgado Constitucional, que excluyó al ex presidente Alan García de las investigaciones de la megacomisión.
Lea en la mula.pe
