La procuradora contra el Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo, le pidió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, que disponga la exclusión de la fiscal a cargo del caso Orellana, Marita Barreto Rivera, tras conocerse la pérdida de siete muestras lacradas que se incautaron en las oficinas de la revista ‘Juez Justo’ el 1 de julio de 2014 y que estaban bajo responsabilidad de la magistrada.
“La citada magistrada no debe seguir dirigiendo dicha investigación debido a las irregularidades que han ocurrido bajo su conducción, como las acontecidas en la cadena de custodia de las evidencias incautadas en el inmueble ubicado en la Av. Guardia Civil No 835 en San Isidro, los días 1 y 2 de julio de 2014”, indica el oficio que la procuradora envió ayer a Sánchez.
Como reveló el lunes y miércoles Lamula.pe, algunas evidencias incautadas en el “búnker” de Rodolfo Orellana fueron extraídas por una mano misteriosa, y para el día 7 de julio los fiscales del caso ya habían advertido del problema.
Al inicio se pensó que se trataba solo de una muestra lacrada, la número 7. Pero ayer, este portal documentó que se trata de siete muestras, las números 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
La muestra 19 contiene varios sellos de abogados, autoridades, árbitros y notarios aparentemente fabricados para los fines de la red de Orellana, así como sellos de huellas digitales. Esta evidencia clave ha desaparecido.
Completo, el oficio enviado por la procuradora Julia Príncipe tras conocer la denuncia de Lamula.pe
“NO ES GARANTÍA”
La fiscal Barreto, según el escrito enviado por Príncipe, ha tratado de minimizar lo ocurrido. Además, en los casi siete meses previos no acogió varios de los reiterados pedidos que hizo la Procuraduría para proceder al deslacrado de lo incautado. Ahora se entendería por qué.
Príncipe sostiene, además, que “nos llama poderosamente la atención que todas (las muestras perdidas) corresponden a evidencias recogidas en ambientes exclusivos de Rodolfo Orellana Rengifo, según las actas de incautación”. Se refiere a que las evidencias sustraídas fueron recogidas durante el allanamiento en las oficinas de la Gerencia General de ‘Juez Justo’.
“A estas irregularidades se agrega que las acciones adoptadas inicialmente para investigar estos hechos también fueron irregulares, es el caso de la investigación sumaria llevada a cabo por el entonces fiscal superior coordinador Marco Guzmán Baca sin tener competencia, en la cual absolvió de toda responsabilidad a los asistentes en función fiscal del despacho de la citada fiscal”, añade Príncipe.
La procuradora remata su demanda señalando: “lamentablemente, las irregularidades expuestas en el presente fortalecen nuestra legítima desconfianza respecto a la actuación de la referida fiscal. Su intervención de ninguna manera nos garantiza una debida investigación, por el contrario, está poniendo en riesgo el éxito de la misma. Por tanto, es necesaria su inmediata exclusión”. El fiscal Pablo Sánchez deberá decidir.
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