En la investigación fiscal por lavado de activos a la organización liderada por Rodolfo Orellana se han perdido pruebas. Pruebas que, durante la intervención al "búnker" del empresario fueron registradas y aseguradas. El caso ha sido reconstruído por el periodista Daniel Yovera para la LaMula.pe, quien en un artículo publicado hoy demuestra cómo se intentó ocultar la pérdida. Seis meses de la incautación, recién podemos saber qué había en el sobre lacrado:
- Caso Orellana: 7 muestras lacradas se han perdido.
Aquí te resumimos el reporte de Yovera en cuatro puntos:
1. La incautación en las oficinas de la oficina Juez Justo, central de operaciones de la red Orellana, ocurrió el 1 de Julio de 2014. El día 7, según consta en un documento de Control Interno, se registró la perdida de 7 pruebas. Barreto había ordenado que se revise la cadena de custodia y ahí saltó la liebre. Debió informar de inmediato... pero no lo hizo. Ocultó la situación hasta diciembre.
2. Pese a los insistentes pedidos de la fiscal Julia Príncipe, la fiscal Barreto no programó las diligencias de deslacrado (la apertura formal de la evidencia) para proceder a la investigación. Visto desde aquí, uno podría pensar que alguien quiso "ganar tiempo" o evitar que se sepa de la grave pérdida.
3. El material que se perdió no es cualquier cosa. Es lo que se encontró en la Gerencia General de Juez Justo. Se trata de sellos y huellas digitales de probables cómplices de la red delictiva, indicios útiles para probar presuntos hechos de fraude. Fraudes: la especialidad de la Red Orellana.
4. Para agravar las cosas, el fiscal Marco Guzmán llevó a cabo una investigación irregular. Irregular no sólo porque no tenía facultades para hacerla, sino que teniendo la evidencia a la mano (los documentos en que figura la pérdida existen) "no encontró nada". Ahora él mismo está siendo investigado.
¿Nadie sabe nada?
La perdida de estos elementos probatorios complica la investigación. ¿Quién es la responsable de su desaparición?
El presidente de la comisión del Congreso que investiga la Red Orellana, Vicente Zeballos, sostiene que la responsabilidad directa es de los fiscales a cargo de la investigación: la fiscal provisional Marita Barreto Rivera y el fiscal superior coordinador de Lavado de Activos, Marco Guzmán Baca. Ahora mismo, Control Interno ha abierto una investigación contra Guzmán.
“Se pierden 7 elementos probatorios, desconocemos cómo se llevó a cabo el proceso de incautación. En el documento de Control Interno hay un llamado de atención a los fiscales responsables de las pesquisas porque es un delito muy grave ocultar pruebas, más aún en un caso tan importante. La comisión está preocupada porque esto demuestra que la Red Orellana tiene influencias en el Ministerio Público”, explica a LaMula.pe Zeballos.
El congresista sostiene que los documentos perdidos podrían ayudar a identificar nombres de vinculados con la red delictiva en el propio sistema de justicia, porque es evidente que Orellana y los suyos tienen aliados "de adentro". Lo importante entonces es identificar en qué punto de la cadena de responsabilidades se perdieron dichas pruebas y bajo qué circunstancias.
“Aquí no solo hay responsabilidad de la pérdida, porque también es un error el deslacrado inoportuno. Si la incautación y lacrado de las pruebas fue en julio, ¿por qué recién en enero podemos ver el contenido de estas? Quien tiene la responsabilidad de estas pruebas son los fiscales Barreto y Guzmán. Y más aún: el responsable sería el suspendido fiscal de la nación Ramos por haber designado a Barreto un caso tan importante”, puntualiza el parlamentario.
Zeballos agregó que citarán al actual Fiscal de la Nación y a los fiscales Guzman Baca y Barreto porque sus “errores” y “deficiencias” podría ser causa de acción penal.
¿“Deficiencias” o intereses?
La abogada del Instituto Defensa Legal, Cruz Silva, dice a LaMula.pe que un fiscal tiene la obligación de proteger la cadena de custodia en una investigación y que por eso es necesario que el Congreso entreviste a la fiscal Barreto. Ella debe responder una pregunta muy simple: qué pasó con las pruebas.
“Esta ‘deficiencia’ de la funcionaria podría generar una investigación disciplinaria en la fiscalía de Control Interno porque perder elementos probatorios puede generar acción penal y deja la sospecha de que algo anda mal en el ministerio público”, sostiene la abogada.
Silva dijo también que la comisión Orellana del Congreso debe establecer con su investigación quiénes son los favorecidos con la aparente negligencia de los fiscales. “Lo que corresponde es que Barreto y Guzmán expliquen la demora de la investigación y saber por qué actuaron de esa manera”, reafirma la abogada.
¿Recuerdan que en el caso BTR se perdieron también una serie de usb donde estarían las claves del caso? ¿No es más o menos una jugada parecida? Esto es Perú, donde el "sistema de justicia" es el que le mete cabe a la Justicia.
(Foto de portada: Andina)
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