El allanamiento a las oficinas de ‘Juez Justo’ se efectuó la noche del 1 de julio de 2014 bajo la dirección de la fiscal del caso, Marita Barreto.

En apariencia, no se registró mayor novedad hasta el 7 de julio por la noche, cuando Barreto ordenó a su personal verificar la cadena de custodia de los bienes incautados.

Allí, según el acta que obra Control Interno, la fiscal adjunta Ketty Garibay “informó que no se hallaban 7 muestras, por lo que de inmediato se dispuso la búsqueda, no siendo halladas”.

Se traba de los paquetes lacrados e identificados con los números 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, que contenían la mayoría de material incautado en la Gerencia General de la empresa de Orellana.

El 10 de julio, el fiscal superior coordinador de las fiscalías de Lavado de Activos, Marco Guzmán, decidió que su despacho efectuaría diligencias previas, y el 6 de noviembre cerró su investigación señalando que no se había podido ubicar los bienes “perdidos”, pese a lo cual no encontró indicios de inconducta, negligencia o responsabilidad en el personal que intervino en el allanamiento.

¿Qué contenían esas muestras? Según el acta levantada el 1 de julio, el material encontrado en la oficina de la Gerencia General, segundo piso del inmueble y que fue a parar a los paquetes números 14, 15, 16, 17 y 18 contenía lo siguiente (ver documento):

Muestra 14: una tarjeta magnética tipo llave de habitación “special rooms” Oh Pen, color negro; una tarjeta de propiedad del vehículo automóvil Mercedes Benz de placa B3Q-520 a nombre de Rodolfo Orellana Rengifo; tarjetas de presentación; siete CD DVD.

Muestra 15: en la papelera se halló diversa documentación semi destrozada de interés para análisis.

Muestra 16: caja de municiones conteniendo 50 cartuchos marca A-Mero calibre 9 mm, sin percutar, modelo de la caja 380 auto.

Muestra 17: diversos documentos de interés, tarjetas de presentación, un CD marca Imation, con logo “Programa JJ 30/10/12.

Muestra 18: Teléfono Key Telephone, mod. KPH 201-ET15, SON: 301209035451, color crema.

La muestra 19 fue recogida en un ambiente contiguo, también del mismo segundo piso: en un anaquel de melamine se encontró un fólder manila “Control de préstamos-archivo”, conteniendo formatos impresos “cargos por préstamos d elibros y/o revistas” en blanco; fólder forrado de color azul “Cargos realizados”, conteniendo diversos cargos, con numeración del 001.2012 al 23-2012; falta el cargo número 04; así también, contiene el Memo No 24 y 25, fólder manila A-4, “Listado de sellos”, en el cual se advierte diversos sellos impresos en hojas bond del abogado Rodolfo Orellana Rengifo, del Estudio Orellana y Abogados Asociados, entre otros abogados; diversos sellos de diversas instituciones de diferentes denominaciones, sellos de notarios: Estudio Julca y Asociados, Oyola Abogados, sello del Área de Notificaciones del Poder Judicial; de Wilfredo La Madrid Alvarado; sello del árbitro Ricardo Arturo Navarro Díaz; sello del árbitro Luis A. Livelli Matos; sello del árbitro José M. Zárate Guerra; sello del árbitro Eugenio M. Cisneros Navarro, entre otros árbitros; sello del Juzgado de Paz de Cañete, sello de la Notaría Gettrudis R. Sotero Villar, entre otros notarios; sello del juez de Paz Samuel Quispe Garola, sello de la ONG Defler, sello del Colegio de Notarios de Lima, diversos sellos de gerentes y subgerentes, sellos de municipalidades: Municipalidad Distrital de Chaclacayo, de Jesús María, Pucusana, Lurín, Santa Anita, Ate, Breña, Surquillo, Chimbote, Los Olivos, Bellavista, Lima Metropolitana, Chorrillos, Magdalena del Mar, Pachacámac, La Victoria, Puta Negra, Ancón; también se halló en el mismo anaquel diversos documentos de interés.

En el acta hay un salto, de la muestra 19 a la 21. ¿Y la 20? Control Interno investiga por qué no se consignó esta muestra que, curiosamente, contenía dinero efectivo por el valor de US$ 1,000.

Se trata, a toda vista, de material de interés. Y aunque la fiscal Barreto declaró el 20 de enero que esto no ponía en riesgo la investigación, cabe preguntarse por qué el hecho se mantuvo oculto y por qué dijo la magistrada que “de inmediato hizo la denuncia penal”, cuando esto no es cierto.

En este punto cabe preguntarse por qué la investigación que realizó el fiscal superior Guzmán Baca no figura en el sistema de la Secretaría Técnica de la Coordinación Nacional de las Fiscalías de Lavado de Activos.

Tal vez porque el Reglamento aprobado por la Resolución de Fiscalía de la Nación No 227-2014-MP-FN, dispone que el fiscal superior coordinador “no tiene la facultad para investigar y determinar la existencia de irregularidades en el cumplimiento de funciones por parte del personal administrativo, ni tampoco fiscal”. Es decir, Guzmán no tenía competencia para hacerlo.

Al día siguiente, 7 de noviembre, Guzmán fue reemplazado por Alfredo Rebaza Vargas, quien anuló dicha investigación precisamente porque carecía de “la facultad para investigar”.

El 4 de diciembre, en el programa “No culpes a la Noche”, la procuradora contra el Lavado de Activos, Julia Príncipe denunció que la fiscal Barreto hacía caso omiso a sus constantes pedidos para deslacrar las muestras, y agregó: “cuidado, no vayan a perderse los bienes incautados”.

Tres días después llegó a la Fiscalía de Control Interno, que conduce Nora Miraval, un oficio de Barreto en el que daba cuenta de la sustracción de las muestras. ¡Recién el 7 de diciembre!

Como señalamos el lunes, unos pocos sabían de la “pérdida” del material. El hecho se mantuvo oculto por más de medio año, y recién se hizo público a raíz de una publicación del diario ‘Correo’, el 20 de enero. Control Interno ya está investigando el caso, y hace once días le abrió proceso disciplinario al fiscal Guzmán Baca. 

Control Interno, además, ha dispuesto que la fiscalía penal establezca si también hay responsabilidad penal. Quizá todo esto explique por qué la fiscal Barreto hizo caso omiso a los pedidos de la procuradora Príncipe para deslacrar los bienes incautados.