Es sabido que el 1 de julio de 2014, día en que fue allanado el búnker de Rodolfo Orellana en San Isidro, se perdió dinero y material que las autoridades ya habían lacrado. Es conocido, además, que hasta hoy esos elementos no aparecen y que la Fiscalía de Control Interno investiga por ello a la fiscal de Lavado de Activos, Marita Barreto, entre otros.  

Y también es público que esta magistrada se ha defendido rechazando que la cadena de custodia se haya roto en su esfera de dominio. Hasta allí, lo conocido.

Pero aquel día y posteriormente ocurrieron hechos no revelados aún que demandan una explicación coherente, sobretodo porque la procuradora contra el Lavado de Activos, Julia Príncipe, le está demandando al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que separe del caso Orellana a la fiscal Barreto por “graves irregularidades”.

TRES PEDIDOS

El jueves 22 de enero pasado, la procuradora Príncipe despachó dos oficios y un petitorio. Los primeros fueron remitidos al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y a la fiscal superior coordinadora de las Fiscalías contra el Lavado de Activos, Delia Espinoza Valenzuela, solicitando la “inmediata exclusión” de la fiscal Marita Barreto por la “sustracción de evidencias” e “incumplimiento adecuado de sus funciones”.

El tercer documento es una queja de dieciséis páginas contra la propia Barreto, dirigida a la jefa de Control Interno de la Fiscalía de Lima, conteniendo una exposición detallada de hechos realmente graves.

En resumen, no solo se trataba de la pérdida de parte de los bienes incautados, sino que desde el día de la incautación hasta el día en que presentaron los dos pedidos y la queja habían transcurrido seis meses y veintidós días, y la fiscal Barreto solo había deslacrado 11 de las 144 muestras obtenidas. ¿Qué pasó con el resto?

LOS HECHOS

Desde agosto pasado, un mes y medio después de aquel allanamiento, la Procuraduría contra el Lavado de Activos hizo cuatro pedidos para deslacrar las evidencias incautadas, pero su insistencia no tuvo mayor eco, como veremos a continuación:

Primer pedido: 14 de agosto. Barreto respondió el día 20 señalando que deslacraría lo allanado en ambos locales entre el 2 y el 26 de setiembre. Pero lo obtenido en el inmueble de Guardia Civil 835 empezó el 8 y culminó el 10, y solo se abrieron ocho sobres, los números 1, 2, 3, 4 y 5, y después el 30, 32 y 36; y los de la avenida Argentina se hicieron entre el 15 y 17 de setiembre, deslacrándose solo tres sobres.

Segundo pedido: 4 de noviembre. Al día siguiente, Barreto respondió que el 10 de octubre ya había dispuesto nuevas diligencias para los días 5, 12 y 19 de diciembre de 2014, y para el 9, 16 y 23 de enero de 2015. Según Príncipe, nunca le notificaron tal decisión.

Tercer pedido: 6 de noviembre. Príncipe pidió fechas más cercanas, pero el 17 de ese mes Barreto le dijo que “no”, debido a la naturaleza compleja del caso.

Cuarto pedido: 26 de noviembre. Esta vez, Príncipe se dirigió al juez del caso y le advirtió –sin saber de la pérdida– del “riesgo que implicaba para la cadena de custodia” que no se ejecutaran las diligencias con velocidad. El 12 de diciembre, el juez rechazó su pedido.

Ahora, no obstante que el segundo requerimiento fue denegado bajo el argumento de que las diligencias se efectuarían los días 5, 12 y 19 de diciembre de 2014, y luego el 9, 16 y 23 de enero de 2015, la fiscal tampoco hizo lo anunciado.

Ahora bien, ¿qué hay en las muestras lacradas aún? No es posible saberlo por el momento, pero para tener una idea de la magnitud de elementos aún por registrar, haremos un recuento de lo que contenían las ocho muestras ya abiertas obtenidas en el inmueble de Guardia Civil.

Allí había números telefónicos de contactos y nombres de sus titulares, correos electrónicos, agendas, sellos de madera con nombres e árbitros y sellos de huellas dactilares, resoluciones de árbitros, números de cuentas bancarias y listados de personas naturales y jurídicas. Y, además, un CPU que todavía no ha sido sometido a pericia y 29 videos. Si eso contienen solo las ocho primeras muestras, ¿qué más contendrá lo que hasta hoy no ha sido abierto?

SUSTRACCIÓN Y OCULTAMIENTO

La pérdida, como ya es sabido, ocurrió el 1 de julio en el “búnker” de Orellana de la Av. Guardia Civil, en San Isidro. Pese al tiempo transcurrido, la Procuraduría nunca fue notificada del hecho.

Julia Príncipe recién lo supo seis meses y medio después, a través de una nota periodística aparecida el 15 de enero en el diario Correo, la misma que daba cuenta de la “falta” de un paquete señalado como “muestra 7”, que contenía US$ 1,000 en efectivo y sellos encontrados en el inmueble.

El informe de Correo citaba el contenido del informe que había elevado Barreto a sus superiores para explicar lo ocurrido. Pero Príncipe detectó allí más incoherencias.

“Se observa que existen dos muestras rotuladas con el número 7, cuyo contenido es diferente al descrito en el artículo periodístico. Los elementos descritos, sin embargo, corresponden a la muestra 20 A, respecto de la cual la quejada no ha programado diligencia de deslacrado”, dijo Príncipe en su escrito a Control Interno.

También se quejó de que el deslacrado no se había desarrollado en orden correlativo, sino que tras las primeras cinco muestras la fiscal continuó con la número 30. “No nos queda claro cuál o cuáles fueron las muestras sustraídas”, señaló.

Por la nota periodística también se enteró que el fiscal superior coordinador contra el Lavado de Activos, Marco Guzmán Baca, había ordenado una auditoría para determinar las circunstancias en que ocurrió la “pérdida”. Según ‘Correo’, el resultado de dicha acción dejaba a salvo la responsabilidad de la Fiscalía.

En declaraciones posteriores a Perú 21, la fiscal Barreto aseguró que dicho material “se perdió o lo hurtaron durante el traslado del local (de San Isidro) al carro (de la Fiscalía)”, y agregó que “todo material incautado está custodiado por un policía”.

Pero, entonces, ¿el responsable fue alguno de los ocho policías de la División de Lavado de Activos que intervinieron aquel 1 de julio?

EL INFORME “RESERVADO”

Los efectivos que estuvieron aquel día en el inmueble de San Isidro también parecen haber dejado sin piso a la fiscal.

El 9 de setiembre el jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos de la Dirincri, Freddy Delgado de la Torre, elaboró el Informe No 07-09-2014-DIREICAJ PNP/DIRILA-D2, rotulado como “reservado”, consignando que ese mismo día todos los agentes que participaron en la diligencia fueron convocados al despacho del fiscal superior Marco Guzmán Baca para establecer las “responsabilidades” de cada uno en la intervención del 1 de julio. Allí estuvieron, además, la fiscal Barreto y su grupo de adjuntos y asistentes.

“El fiscal adjunto Nilton Parihuana Vega negó en un primer momento haber lacrado el sobre con el dinero hallado, y que por disposición de la Dra. Marita Barreto Rivera se limitó a dejar el sobre al lado de un monitor de PC en el escritorio donde halló el dinero, lo que fue refutado por la Dra. Barreto, quien manifestó no haber dado tal disposición”, dice uno de los párrafos del informe.

“Es en ese acto que el SOS (Suboficial de Segunda) David Rivera Pinto hizo hincapié que el fiscal adjunto Nilton Parihuana Vega fue quien halló el dinero, lacró el sobre manila y dirigió la redacción del acta de hallazgo de dinero al SOS Orlando Acuña la Rosa, muestra que fue entregada para su custodia al asistente en funciones de la Fiscalía, Renzo Luis Cepeda Oliva, hechos corroborados por la fiscal adjunta Alicia Montenegro Lozada, el asistente fiscal Luis Cepeda Oliva y el SOS Orlando Acuña la Rosa”, continúa.

Luego, señala: “el asistente fiscal Renzo Luis Cepeda Oliva refirió haber colocado en una bolsa de plástico color blanco varias muestras que por su tamaño podían deslizarse y extraviarse, entre las que se encontrarían las siete muestras no ubicadas… ambos asistentes coincidieron en que por disposición de la titular del despacho (Barreto), las muestras acopiadas fueron cargadas a los vehículos del Ministerio Público… afirmando que contabilizaron en la tolva de su camioneta 31 bultos conteniendo las muestras, que fueron trasladadas a la sede fiscal y llegaron en la misma cantidad; número de bultos desconocidos por los funcionarios policiales al no haberse suscrito ni formulado acta sobre el particular”.

Es decir, de acuerdo al documento policial, todo les fue entregado a los fiscales.

La fiscal Barreto ha dicho que la pérdida de las evidencias no perjudicará las investigaciones, pero, ¿es que acaso debieron extraviarse? El doctor Pablo Sánchez ya tiene en su poder todos estos documentos, y será él quien decida el destino de la fiscal Barreto.

[foto de cabecera: Andina]