La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicó ayer en su blog en LaMula su valoración del Decreto Supremo 001-2015 del Ministerio de Energía y Minas, bajo el título "A otro perro con ese hueso: Las nuevas normas para agilizar inversión minera a costa de derechos colectivos". 

Allí, la SPDA explica las consecuencias que tendrá la aplicación de este Decreto Supremo, que se ha dado pensando en contar con mecanismos más ágiles para los procedimientos administrativos mineros, en particular a las inversiones en concesiones de beneficio y las actividades de exploración y explotación en concesiones mineras.

La principal observación a la norma es que, en el caso de una concesión de beneficio en terrenos superficiales inscritos a nombre de comunidades campesinas basta con la autorización de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina, obviándose las funciones reconocidas de la Asamblea Comunal, que es la instancia de la que deben nacer los acuerdos para el destino y uso de la tierra comunal y que para una autorización de esta naturaleza (concesión), requiere el voto a favor de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad.

De acuerdo a Silvana Baldovino, directora del Programa de Conservación de la SPDA, esta norma vulnera la autonomía comunal y los mecanismos de organización de las comunidades, promueve la división interna y afecta derechos colectivos al reducir la participación de comuneros en la toma de decisiones. Y con ello, reduce además la legitimidad de esas decisiones, abriendo la puerta, agregamos, al conflicto. Un ingrediente más para las poco saludables relaciones entre capital extractivo y sociedad.

Con esta norma, el Decreto Supremo de Energía y Minas -cartera encabezada por Eleodoro Mayorga- reproduce la única idea que parecen tener nuestras autoridades para promover la inversión: bajar la valla, reduciendo derechos (en el caso de la llamada "Ley Pulpín", los de los trabajadores jóvenes, en el caso de este Decreto, los derechos colectivos de los comuneros). 

El argumento de fondo en este caso parece ser que lograr un acuerdo a través de una Junta Directiva es mucho más expeditivo que lograr uno convocando a una Asamblea. ¡Y claro que lo es! La Asamblea es un espacio de deliberación y acuerdo reconocido en la Constitución, un espacio para que los sujetos de derecho, los comuneros, se informen y participen. Participación, información, deliberación: derechos. Esto es lo que el ministerio de Energía y Minas considera "una traba a la inversión".

Baldovino señala, finalmente, que el DS 001-2015 "deviene en ilegal porque va contra la Ley de Tierras e inconstitucional porque vulnera lo establecido en nuestra Constitucion Politica". Es simple: un decreto supremo no puede cambiar lo que dice una Ley, en este caso, la ley de tierras, que reconoce el mandato que tiene la Asamblea General de una comunidad campesina en las decisiones sobre el destino de sus propiedades.

La Defensoría del Pueblo ha hecho observaciones muy similares a este Decreto Supremo, y así consta en un oficio que ha enviado al Ministro de Energía y Minas:

El defensor del Pueblo Eduardo Vega ha señalado que "si bien es legítimo el objetivo de esta norma, que busca mejorar los procedimientos mineros, esto no puede implicar el debilitamiento de las garantías a la propiedad en general y a la indígena en particular"

Vega hace énfasis en la obligación del sector Energía y Minas de realizar un proceso de consulta previa en caso de que algún procedimiento pudiera afectar los derechos de los pueblos indígenas. 

"A otro perro con ese hueso", dice la advertencia de la SPDA. La alusión a la "filosofía" del Perro del Hortelano, promovida por el APRA durante el segundo gobierno de Alan García es más que evidente. Como es más que evidente que este gobierno, siguiendo a su antecesor, está dispuesto a pasar por alto derechos y regulaciones para favorecer la inversión. En décadas de neoliberalismo, esta parece ser la única idea de las que son capaces nuestros tan-bien-educados tecnócratas locales.

[foto de cabecera: Asamblea de la Comunidad Campesina Yanacona- Chincheros, Cusco, tomada de aquí]