En las tres marchas en contra de la Ley Laboral Juvenil que se han realizado hasta el momento, pudimos apreciar represión, uso excesivo de la fuerza y agentes "terna" infiltrados para llevar a cabo detenciones arbitrarias. Además, intentaron amedrentar a algunos voceros de la protesta con denuncias preventivas. Al respecto, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señalaron que el gobierno que preside Ollanta Humala "hostiga e intimida" a los jóvenes que se oponen a la #LeyPulpin

Los jóvenes que han salido a las calles a protestar se oponen a la Ley 30288, por la cual se reducen los derechos laborales de los trabajadores entre 18 y 24 años en su primer empleo (o en el primer trabajo que consigan luego de estar 3 meses desempleados). Ellos no tendrán derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios, gratificaciones, reparto de utilidades, ni asignación familiar y solo tendrán la mitad de vacaciones.

Días antes de la marcha del 29 de diciembre en Lima, el Ministerio del Interior, que dirige Daniel Urresti, denunció de manera preventiva a más de 20 personas. ¿El motivo? Que estos ciudadanos serían los responsables de los posibles actos delictivos que podrían haber ocurrido el día de la marcha. Es decir, el gobierno denunció por algo que ellos pensaban iba a ocurrir en el futuro. Esto es considerado por WOLA y CEJIL como "hostigamiento e intimidación". A continuación, compartimos el comunicado:

CEJIL y WOLA condenan hostigamiento por parte del Ministerio del Interior del Perú a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y líderes de agrupaciones estudiantiles y gremiales

Washington D.C., 7 de enero de 2015- La Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenan los recientes actos de hostigamiento e intimidación por parte del Ministerio del Interior del Perú y el Ministro Daniel Urresti hacia la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); su Secretaria Ejecutiva, Rocío Silva Santisteban; y líderes sindicales y de movimientos sociales y estudiantiles que participaron en la manifestación del pasado 29 de diciembre de 2014 en Lima.

El 26 de diciembre de 2014 el Procurador Público en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior denunció preventivamente ante la Fiscalía Especializada en la Prevención del Delito a 20 personas identificadas como responsables de convocar públicamente una manifestación para el 29 de diciembre de 2014 en contra de la recientemente aprobada Ley que promueve el acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social (“Ley Pulpín”). Entre los denunciados se encuentra la Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH y líderes de algunas de las principales agrupaciones estudiantiles y gremiales del Perú.

La denuncia no se refiere a ningún hecho delictivo, sino que tuvo como objeto prevenir delitos que pudieran existir durante la protesta, advirtiendo que las personas denunciadas podrían ser responsabilizadas penalmente por su ocurrencia.

Sin perjuicio de que la manifestación del 29 de diciembre se llevó a cabo de forma pacífica y con gran concurrencia, las organizaciones firmantes consideran con preocupación que este tipo de denuncias preventivas podrían tener como efecto disuadir y limitar la protesta social y la disidencia, afectando el derecho fundamental de los miembros de toda sociedad democrática y pluralista de expresar libre y pacíficamente su acuerdo o desacuerdo con las decisiones y actitudes de sus gobernantes.

“Además, la denuncia representa un uso ilegítimo del sistema judicial penal para criminalizar y estigmatizar las actividades de los líderes de movimientos y organizaciones sociales, incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Asimismo, el 26 de diciembre de 2014 fueron difundidos por Radio Programas del Perú los comentarios despectivos con los que el Ministro Urresti se refirió a la CNDDHH en oportunidad de referirse a la exhibición artística “En tu nombre”. En dicha ocasión, Urresti acusó a esta organización de ser “un obstáculo para detener las acciones terroristas en tanto que defiende los derechos humanos” y acusó a la organización y a su Secretaria Ejecutiva de no dar cuenta adecuada de las fuentes de financiamiento.

Las firmantes lamentan estos dichos que pretenden desprestigiar la trayectoria de una organización que es referente en el Perú y en la región y que ha sido responsable de una fervorosa defensa de los derechos humanos de todas y todos los peruanos por más de 30 años.

“Resulta inadmisible que tales comentarios puedan ser esgrimidos impunemente por un alto representante del gobierno, especialmente teniendo en cuenta que la CNDDHH y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional hemos solicitado en varias ocasiones la renuncia del Ministro Urresti por estar siendo procesado por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos”, destacó Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA.

Estos episodios representan una preocupante injerencia por parte del Estado peruano en el ejercicio de la protesta social y en el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos. WOLA y CEJIL llaman la atención al Perú sobre su deber de prevenir las descalificaciones y el uso indebido de denuncias penales en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, en tanto éstas pueden causar estigmatización, afectación de la integridad psíquica y limitaciones al ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

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Para el próximo jueves 15 de enero está programada la cuarta marcha contra la Ley Laboral Juvenil. En cada una de las tres anteriores jornadas de protesta, participaron más de 20 mil personas.


(Foto: EFE)


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