Como esos técnicos de fútbol que cuando toman un equipo introducen cambios notorios para dejar sentir su presencia, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, ha hecho lo propio en la sesión inaugural del nuevo concejo municipal, demarcando con nitidez la cancha con el estilo hermético que caracterizó a sus dos gestiones anteriores (2002-2006 y 2006-2010) como alcalde.
En principio, la sesión ha dejado de ser abierta al público y se ha suspendido su transmisión por Internet, como instituyó la administración anterior con la finalidad de transparentar la gestión pública. Pero aquí no quedaron los cambios. A diferencia de la exalcaldesa Susana Villarán, al menos en esta ocasión Castañeda no presidió el concejo; estuvo presente solo al inicio para tomar juramento a los regidores que aún quedaban por jurar, y luego dejó la sesión en manos de su teniente alcalde, Patricia Juárez.
Fue una sesión accidenta debido a las protestas de un grupo de extrabajadores que llegaron hasta las afueras del municipio para reclamar a viva voz que se les reponga en sus puestos. Aunque se trató solo de aproximadamente un centenar de los casi 3 mil extrabajadores que han denunciado ante el Poder Judicial su injustificado despido por la gestión de Castañeda, causaron un gran griterío. La batuta era llevada por un grupo de exserenas que, con sus uniformes puestos, arramblaron el cordón formado por los agentes policiales e ingresaron a la Plaza de Armas.
Pese a que la gestión de Castañeda ha justificado los despedidos arguyendo que la administración saliente extendió ilegalmente por un mes los contratos de estas personas y ha afirmado de que se trata de puestos innecesarios, lo cierto es que las nuevas autoridades ediles ya han empezado a dar marcha atrás. Hasta la fecha han repuesto a cerca de mil personas, sin explicar por qué a “un grupo sí y a otro no”, según Rodolfo Peña Olivo, dirigente del sindicato de trabajadores de la Municipalidad de Lima presente en la protesta.
Casi en paralelo, los regidores de Diálogo Vecinal, agrupación política de Villarán que ahora forma una oposición minoritaria con cinco regidores, exigían a la mesa presidida por Juárez que explicara el porqué de los despidos y el cierre, en su opinión injustificado, del Parque de las Aguas. Sin embargo, según el regidor Augusto Rey, su pedido fue ignorado.
“Hay una actitud soberbia y prepotente de Castañeda y sus regidores contra las personas que estaban reclamando sus derechos y también ante los regidores que pedimos mediante dos oficios se explicaran las razones de los despidos y la suspensión de ciertos servicios municipales”, dijo Rey.
Igualmente, Rey denunció que no se les tomó en cuenta para la conformación de las comisiones dictaminadoras (legal, económica y de desarrollo urbano) más trascendentes en la gestión edil. Si bien la ley orgánica de municipalidades y el reglamento interno de la municipalidad facultan al alcalde a que el cuadro de comisiones se dé a su propuesta, el regidor de Diálogo Vecinal cuestionó que Juárez se haya reunido con todas las bancadas, excepto la suya, para consultar a los regidores en qué comisiones podían aportar más sobre la base de su experiencia y profesiones.
Más grave aún juzgaron los regidores de Diálogo Vecinal que se haya facultado al nuevo procurador, Ricardo Rodríguez Caro, para que inicie acciones legales sobre presuntos actos de corrupción sin el voto facultativo del concejo. Esta decisión fue aprobada por todos los regidores, menos los de Diálogo Vecinal. Según el regidor Pierino Stucchi de Solidaridad Nacional, se busca luchar contra la corrupción. Sin embargo, Rey sostuvo que detrás de ella existe "una clara predisposición para empezar a perseguir políticamente a la gestión de Villarán".
"Nosotros decimos que se investigue todo lo que se tenga que investigar, pero no se pueden cambiar las reglas de juego con el ánimo manifiesto de iniciar una persecución política", dijo Rey.
