El desorden del transporte volvió en los primeros días del año. En su edición de hoy, La República informa que, por tercera vez en la semana, cústeres de empresas de transporte como ATCR, Translima, Emtessa y la cuestionada Orión invandieron el corredor Tacna-Garcilaso de la Vega-Arequipa (TGD). Se supo, además, que vías como La Marina, Abancay y Javier Prado también tuvieron el mismo problema.
Hasta el mediodía de ayer solo 15 fiscalizadores supervisaban el tramo comprendido por las avenidas Tacna y Arequipa, mientras que en la avenida Javier Prado 5 fiscalizadores cubrían el tramo entre las avenidas Arequipa y Aviación.
¿Cuál es el motivo de este nuevo desorden? Muy sencillo: la falta de inspectores. Durante el proceso de transferencia se decidió no renovar más de 2.000 contratos de trabajadores municipales. En su mayoría se trataba de trabajadores CAS o temporales. Patricia Juárez, teniente alcaldesa de la ciudad, señaló que se tomó esta decisión luego de hacer "una evaluación racional en cuanto al número de personal, para cumplir de manera eficiente con los servicios a los ciudadanos". Agregó, asimismo, que con esta reducción se podría destinar más dinero para nueva obra pública.
Pero las consecuencias de esta decisión saltan a la vista. Muchos de los cesados son trabajadores del área de Fiscalización, Emmsa (Empresa Municipal de Mercados) y Serpar (Servicios de Parque de Lima). No obstante, la 'no renovación' también afectó al transporte. Según la administración anterior, habían 1.100 inspectores. De estos, 700 serían los que no han podido trabajar ayer.
Los reclamos no se han hecho esperar: "Hemos llegado a las 6:30 a.m., pero no quieren que trabajemos. No nos quieren dejar ingresar para luego despedirnos por abandono de servicios. Ya pedimos una constatación policial", indicó ayer el vocero de los inspectores, Elmer Mercado, en la sede del Servicio de Taxi Metropolitano (Setame) donde opera la Subgerencia de Fiscalización de Transporte.
Cabe mencionar,que según la ley, le corresponde a la administración entrante la ampliación de los contratos (o no renovación) de los trabajadores ediles. En otras palabras, la responsabilidad es de Castañeda Lossio y su equipo.
