Brasil presenta una economía desacelerada, con la inflación en el límite y las cuentas públicas fuera de control. A ello se suman escándalos y denuncias de corrupción que paralizaron a Petrobras y en las que estarían involucrados varios aliados.

Corrupción

En su toma de juramento, Rousseff prometió llevar a cabo una cruzada contra la corrupción, en respuesta al multimillonario escándalo que involucra a la petrolera estatal Petrobras y que amenaza con dañar su segundo mandato. "Democratizar el poder significa combatir enérgicamente la corrupción, que ofende y humilla a los trabajadores, a los empresarios y a los brasileños honestos y de bien. La corrupción debe ser extirpada", subrayó. 

De acuerdo con la Policía Federal brasileña, Petrobras, la mayor empresa de Sudamérica, presenta un desbalance de más de US$3,000 millones. El escándalo que ha destapado la Operación Lava Jato salpica al gobierno, aunque Rousseff no está directamente implicada pero el hecho de haber sido presidenta del Consejo de Administración de la compañía mientras se desviaban millones de reales y se elevaban deliberadamente los presupuestos la perjudica y la oposición trata de involucrarla.

A pesar de las denuncias, Dilma ha mostrado su respaldo a Graça Foster, cabeza de la compañía, al punto que que en esta nueva gestión la mantendrá en el cargo. La jefa de Estado deberá esforzarse también por que Petrobras recupere su credibilidad y no ahuyente a los inversionistas.

Juego de tronos

Durante el último mes, Rousseff ha estado en sesión tras sesión con sus asesores, partidarios y aliados para elegir a nuevos ministros, con el propósito de distribuir la cuota de poder y satisfacer a sus socios. La semana pasada dijo a algunos periodistas que la demora en brindar nombres se debía a que primero estaba consultando al Ministerio Público los antecedentes de los candidatos. Y ello se entiende luego de que tuvo que destituir a 11 ministros.

No es suficiente, dice el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), su principal fuerza aliada. Que a pesar de tener seis ministerios, considera que debería tener portafolios de mayor peso político.

Congreso fragmentado

Por si fuera poco, el aliado es también su rival en el parlamento, pues no cede su interés por tener la presidencia de éste. El PMDB pretende mantener a Eduardo Cunha, pero el PT apuesta por Arlindo Chinaglia.

Y es que tras los apretados resultados de las elecciones generales, Dilma no pudo conseguir mayoría absoluta y la Cámara de los Diputados será fragmentada –han aumentado los diputados evangélicos, ruralistas y militares–, y su principal opositor, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de Aécio Neves, será duro de roer. Por ello, la mandataria requiere tener a alguien que defienda sus intereses. Tendrá que hilar fino porque Cunha ha recibido el respaldo de varias agrupaciones.

Reforma política

El caballito de batalla de su campaña electoral fue la reforma política, que prometió ante las protestas del 2013 y que prevé un gran plebiscito popular.

El proyecto de Dilma plantea terminar con el financiamiento empresarial de las campañas electorales y evitar la proliferación de pequeños partidos. Sin embargo, es probable que se postergue ante los previsibles desentendimientos políticos en el Congreso y porque aquéllos dominan el nuevo parlamento y de hecho no estarán de acuerdo con la reforma del sistema político brasileño.

Crecimiento económico

El desafío más grande y mediático. "Más que nadie, sé que Brasil necesita reanudar el crecimiento. Los primeros pasos de este viaje son reordenar las cuentas públicas, incrementando el ahorro fiscal, alentar las inversiones y mejorar la productividad", dijo ayer la presidenta.

Aunque no dio detalles específicos sobre los recortes presupuestarios, sí ofreció un ajuste de cinturón que cause el menor costo posible para los brasileños promedio que dependen de los beneficios sociales implementados por el gobierno. Afirmó que es prioritario corregir distorsiones y excesos en la política fiscal, pero garantizó que lo hará demostrando la falsedad de la tesis que dice que la estabilidad económica no es compatible con la inversión social. "Reafirmo mi compromiso con la manutención de todos los derechos laborales y de los derechos de la seguridad social", aseguró.

¿Agua y aceite? El nombramiento del liberal Joaquim Levy como ministro de Economía alborotó la opinión pública brasileña. Por un lado, ha sido celebrado por los mercados financieros, que pedían a alguien con un perfil poco intervencionista y que llevase a cabo reformas radicales. Por el otro, en el PT y  la sociedad civil temen que el equipo económico de Rousseff lleve a cabo políticas que –para mejorar los datos macroeconómicos– perjudiquen a las clases trabajadoras y obliguen a recortes en los programas sociales (cuyos beneficiarios definieron las últimas elecciones). 

La formación de Levy no comulga con el modelo económico que ha caracterizado a los últimos mandatos brasileños, pero Rousseff quiere recuperar la confianza de los inversionistas. Por lo pronto, los analistas económicos brasileños especulan que el ministro reforzaría la disciplina presupuestaria y dará medidas de austeridad para equilibrar las cuentas públicas marcadas por un fuerte incremento del gasto. 

Rousseff tendrá que combinar ambas opciones, tal como prometió en la campaña electoral. "Nosotros combatimos la crisis sin generar desempleo", ha dicho muchas veces. Mientras tanto, las proyecciones del Banco Central de Brasil han apuntado que el crecimiento del 2014 será de apenas 0.2%, y no está previsto que haya una mejora radical para el 2015.

(Foto portada: Wenderson Araújo / AFP)