La gran mayoría de congresistas no tiene ninguna experiencia y menos formación en la tarea de hacer leyes. Los ministros tampoco tienen mucha experiencia en conducir los asuntos de Estado, pero desde abril ganan S/.30 mil, más gratificaciones, CTS y vacaciones. "¿Qué tal si les aplicamos esta norma a ellos. Tal vez así recuerden que somos los contribuyentes quienes pagamos los ensayos y los fracasos de los políticos", dice Walter Gutiérrez, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y director de Gaceta Jurídica.

Los promotores de la Ley de promoción del empleo juvenil dicen que sus objetivos son disminuir el desempleo de los jóvenes y reducir la informalidad. Para eso sostienen que es necesario eliminar temporalmente ciertos derechos (como las gratificaciones y la CTS). "Una norma de este tipo solo puede ser producto de la ingenuidad o la desinformación, pero también del exceso", señala. "No tengo duda que esta norma será un fracaso más que estos señores nos dejarán", subraya.

En el Perú el 70% del empleo es informal y en los más jóvenes este porcentaje escala a 80%. Además, el costo laboral en el Perú supera el 50%, mientras que en países como Chile y Argentina no pasa del 35%.  

El fantasma del costo laboral 

Es sabido que una de las mayores preocupaciones de los principales gremios empresariales son los sobrecostos laborales. Y probablemente este gobierno sea en el cual más lobby han hecho para que se dé una reforma laboral que considere sus sugerencias. ¿Es acaso el costo laboral la causa del desempleo y la informalidad? Para Gutiérrez eso no es cierto. 

"El ejemplo que desbarata esta premisa es el régimen de las microempresas, que reduce tantos derechos como la Ley de empleo juvenil. El costo laboral en dicho régimen es de 8.3%, y pese a que lleva más de 12 años su aplicación no ha aumentado el empleo ni reducido la informalidad. En su hora también se argumentó que esta ley cambiaría el panorama laboral e incentivaría la formalidad. ¿Por qué no lo ha conseguido? Sencillamente porque la causa de estos problemas no es solo el costo laboral, sino una pluralidad de razones, que deben ser atacadas conjuntamente. Tenemos un sistema estatal que protege y promueve la informalidad, y consiguientemente desalienta la contratación formal", detalla en el portal LaLey.pe. 

El problema de la informalidad no radica en el costo laboral. Es mucho más complejo, en realidad tiene que ver con la crisis de un tipo de Estado, con su burocratización, con su ineficiencia, con su laberíntica tributación, con la enquistada y generalizada corrupción, que desalienta el pago de los tributos porque la gente siente que estos irán a los bolsillos de corruptos o incapaces.

En su opinión, un recorte tan radical de los derechos laborales de los jóvenes no solo no será aceptado por éstos, sino que no tienen ninguna posibilidad de cumplir sus objetivos. Pero hay más. La ley –asegura– muestra que vivimos en un sistema en el que las instituciones públicas son controladas por los grandes grupos empresariales. Y es que esta norma no la emplearán las microempresas sino empresas como, por ejemplo, los bancos y los grandes centros comerciales.

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