Ayer se llevó a cabo la tercera marcha de protesta contra la Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social (Ley N° 30288, 'Ley Pulpín'). Miles de ciudadanos volvieron a las calles para exigir su derogatoria. En las salas de redacción corre el rumor de que el gobierno estaría evaluando hacer algunos cambios, aunque algunas fuentes gubernamentales han dicho que no e retrocederá y piden más bien que se espere el reglamento. Mientras tanto, hay quienes esperan que el Tribunal Constitucional se pronuncie y declare la inconstitucionalidad de la norma.

En opinión del laboralista y exministro del Trabajo Carlos Blancas Bustamante, se atenta contra el derecho constitucional de igualdad ante la ley. “Aquí hay una evidente discriminación por razón de edad, vulnerando lo dictado por la Constitución en sus artículos 2 y 26". Sin embargo, Jorge Toyama Miyagusuku, socio del Estudio Miranda & Amado, opina que hay ejemplos en donde a partir de la edad puede encontrar justificaciones objetivas que determinen un trato diferenciado, tal como ocurre con la jubilación. "No creo que exista discriminación cuando la realidad (de alto desempleo) justifica la medida”.

Para Blancas, las grandes empresas no necesitaban este nuevo régimen juvenil si se tiene en cuenta que manejan altas tasas de utilidades. "La norma es una gran inconsecuencia, además de ser violatoria de la Constitución”, subraya. Y añade que la ley debe ser declarada inconstitucional. 

En opinión de Toyama, la reforma laboral más grande continúa pendiente. “Esta norma no tiene un propósito de reforma estructural, pues su aplicación –como lo explica el MEF– tan solo tendría impacto en 250 mil jóvenes desocupados en un plazo de vigencia de cinco años", señala. Y subraya que ninguna demanda contra regímenes laborales especiales ha obtenido apoyo en el Tribunal Constitucional.

Ambos abogados fueron consultados por el portal LaLey.pe. Aquí puedes escuchar sus opiniones:

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