El Gobierno envuelto en un embrollo por la Ley de Trabajo Juvenil ha lanzado un guiño a los jóvenes con el anuncio de ajustes “cosméticos” a la norma en un intento por apaciguar las protestas, mientras en el Congreso el oficialismo le cierra los caminos a una posible derogación.  

Los cinco proyectos presentados para anular la ley están anquilosados en la mesa directiva del Parlamento. Ésta custodiada por el oficialismo, pese a las multitudinarias protestas que se han registrado en las últimas semanas en contra de la norma, no ha convocado a la Comisión Permanente que es la encargada de debatir una posible derogación.

Las otras tiendas políticas tampoco parecen especialmente interesadas en el tema. Las bancadas que han impulsado la abolición de la ley no han conseguido el auspicio de otros grupos políticos, prueba de ello es que no lograron recabar las 65 firmas necesarias para convocar a un pleno extraordinario que debata dejar sin efecto la Ley de Trabajo Juvenil.

De las palabras de Rosa Mávila, legisladora de Acción Popular-Frente Amplio e impulsora de una de las iniciativas para derogar la norma se decanta la falta de voluntad política en el Parlamento: “Tengo la impresión de que esto se va a debatir ya en el pleno del Congreso cuando la junta directiva no pueda impedir que se junte toda la representación”. Es decir en el inicio de la próxima legislatura en marzo del año entrante.

Este resulta el escenario ideal para el Gobierno que supone que con las precisiones a la ley que hará el reglamento se apaciguarán las aguas. Por ello se ha anunciado su prepublicación en las próximas semanas y, en un nuevo intento de reconciliación con los críticos se ha adelantado algunos de los ajustes. Fredy Otárola, ministro de Trabajo, ha sido quien ha adelantado los nuevos candados que incluirá el reglamento.

Por ejemplo, ha señalado que las contrataciones bajo este régimen laboral deberán realizarse para cubrir plazas nuevas en las empresas, así se impedirá que se despida personal con la finalidad de contratar a jóvenes bajo el nuevo régimen. También la capacitación será obligatoria y se creará un equipo especial en la Sunafil que se abocará de forma exclusiva a la fiscalización de las empresas que utilicen el nuevo régimen.

Que haya sido Otárola el encargado de los anuncios y no el ministro de Economía, Alonso Segura o el de la Producción, Piero Ghezzi, responde a la necesidad del Gobierno de legitimar la ley, luego de que se revelará que la cartera de Trabajo no intervino en la elaboración de una ley que le competía directamente. Sin embargo, sí ha sido Segura quien ha tomado la posta para enfatizar que el Gobierno no está dando marcha atrás al incluir en las modificaciones la inclusión de las utilidades.

La Ley, tal cual la aprobó el Congreso, elimina para los jóvenes entre 18 y 24 años beneficios como las gratificaciones, la CTS, la asignación familiar, y las utilidades, asimismo reduce de 30 a 15 días las vacaciones. Ahora el Gobierno señala que los jóvenes sí tendrán acceso al reparto de utilidades, y que este cambio se especificará en el reglamento. No obstante, como señala el secretario de la juventud de la CGTP, César Soberón, ningún reglamento puede cambiar la ley. “Además, nosotros no pedimos cambios en la ley, sino su derogación esa es nuestra bandera de lucha”, señala.

El camino más corto y rápido para derogar la norma es la Comisión Permanente del Congreso, pero en vista del escaso interés mostrado, Soberón anunció esta mañana en una conferencia de prensa que comenzarán a reunir 65 mil firmas para mediante una iniciativa legislativa ciudadana exigir al Congreso la derogación. En caso no se logre por esta vía buscarán que se convoque un referéndum. 

Así, las acciones para dejar sin efecto la polémica ley se darían por tres vías: el Tribunal Constitucional mediante una demanda de inconstitucionalidad que ya se presentó, los proyectos de ley que aguardan su debate en la Comisión Permanente y la recolección de firmas para que el Congreso derogue la norma o en su defecto un referéndum. 

La férrea y sostenida defensa que el Gobierno está haciendo de esta ley que recorta beneficios laborales tiene detrás a la tecnocracia de las carteras de Economía y Producción que han cedido apenas centímetros en su posición inicial. Cuando se reveló que esta había sido cocinada entre ambas carteras en sintonía con las demandas de los gremios empresariales, también se señaló que este era un globo de ensayo para una posterior reforma de las mismas características, pero del régimen laboral general. Diversos críticos señalan que la cerrazón del Gobierno procede de allí precisamente, si retroceden ahora, sería imposible pensar en la siguiente reforma. Por lo pronto, esta tarde se ha convocado a la tercera marcha de los jóvenes en contra de la ley, una resistencia que parece no cejará.   

Enrique Larrea

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