Perú es uno de los cuatro países en América Latina que no tiene una ley general de trabajo. Esta discusión ya ha sido olvidada, pero viene a cuento tras que el Gobierno aprobase esta semana el nuevo régimen laboral especial para jóvenes (18 a 24 años). Una de las propuestas de campaña del presidente Humala era aprobar la LGT. Pero en estos años lo olvidó convenientemente, pese a que laboralistas de diversas tendencias trabajaron en un anteproyecto que dejó satisfechos a todos, menos a los empresarios. Éstos hablaron de lo oneroso que sería su aprobación y de cómo desalentaría las inversiones en el país. Y como ya se ha visto antes, el Gobierno carece de fuste político para enfrentarse con el poder económico en los temas críticos (el recuerdo de la frustrada intención de comprar los activos de Repsol aún enrarece el aire de Palacio).  

Desde hace varios años, los gremios empresariales vienen presionando a los sucesivos gobiernos para que flexibilicen las políticas laborales que, según ellos, generan sobrecostos de hasta 60% comparados con nuestros socios de la Alianza del Pacífico. El ministro Segura en su primer artículo publicado en El Comercio, días después de ser nombrado como tal, habló de los retos del Gobierno, y entre ellos, citó la reforma laboral y tributaria. Un guiño al sector empresarial de donde proviene, que generó entusiasmos entre los empresarios. Por supuesto que la nueva ley laboral para jóvenes no se acerca ni remotamente a lo que éstos estaban esperando, pero bien puede ser entendido como un primer paso hacia una reforma más amplia, que sirve cuando menos para tantear el terreno.   

Segura no ha perdido la oportunidad, en todas las entrevistas que ha dado para justificar esta nueva ley, de repetir que el régimen laboral en el Perú es de los más costosos e inflexibles del mundo (un tremendismo risible). Es plausible preguntarse si acaso con esta cantaleta no está haciendo si no allanar el terreno para que en un futuro cercano se proceda con una flexibilización de las políticas laborales. Una reforma que los empresarios y los alfiles estratégicos puestos en el aparato público saben tendría un muy alto costo político para cualquier gobierno.  

Mención aparte merece la respuesta a quienes critican la nueva ley para jóvenes. Se les acusa de “desconocimiento” y se les rebate afirmando que es una propuesta técnica (cuando dicen técnica en el fondo quieren decir: incomprensible para la mayoría y por tanto irrefutable).  El siglo XXI se ha convertido en el reino de los tecnócratas que como los sacerdotes en el medievo pretenden que aceptemos lo que dicen y hacen sin cuestionar (¿con fe?), porque lo que hacen y dicen está más allá de nuestro entendimiento. Cuentos chinos, solo eso.  

El impacto de la nueva ley en la formalización de empresas y por añadidura la formalización del empleo de miles de jóvenes está por verse, pero la experiencia induce a pensar que será inocuo (reducir las aportaciones por trabajador que pagan las empresas no ha servido para formalizar a mypes en los últimos 15 años. Pensar a estar alturas que las causas de la informalidad son meramente económicas es cavernario). Tampoco se explica porque la ley es indiferenciada (otorga un beneficio a toda luces innecesario para las grandes empresas y no sabemos bajo qué excusa, excepto que sea ayudarlas a ganar capital en medio de una desaceleración de la economía, y si es así, entonces que se sinceren las razones). Subsidiar a las empresas mediante la reducción de impuestos para alentar la capacitación de los jóvenes trabajadores es una medida inofensiva (habla más de una masa empresarial perezosa y desinteresada por mejorar, que le costará más de 450 millones de soles al Estado); siempre y cuando no se pierda de vista que mejorar la capacidad de los jóvenes es una labor del Estado mediante mejores colegios, mejores universidades y mejores institutos técnicos. Por lo dicho esta claro que esta ley precarizará el empleo, sino logros efectivos en los objetivos que supuestamente persigue.