El estatus de la COP 20, la conferencia climática global que se realizará en Lima en un par de semanas, es paradójico. 

Por un lado, se trata de un evento relativamente menor en el contexto de las negociaciones internacionales sobre el medio ambiente, pues es un paso preparatorio para la COP 21 en París el próximo año, que es donde los ojos de la comunidad mundial están realmente enfocados pues allí se habrá de establecer (o no) un nuevo acuerdo climático entre las naciones. 

Por el otro, sin embargo, la reunión limeña es absolutamente crucial, y lo es por esa misma razón: esta es la última oportunidad que les queda a "las partes" de avanzar realmente en un proceso que viene plagado más bien de retrocesos y que, dado el estado de la cuestión, no parece estar llevándonos a ninguna parte. Si la COP 20 fracasa -y el riesgo de que lo haga es abundante-, París el próximo año será mucho menos que una fiesta, y las negociaciones globales sobre un tema que involucra el futuro de la especie humana en el planeta habrán fracasado también.

Así, pues, la agenda establecida para el cónclave de Lima y los debates que se producirán aquí alrededor de ella son absolutamente esenciales. Y de los temas planteados -observación y monitoreo, adaptación, transferencia tecnológica, mitigación, y demás- ninguno es tan importante como el del financimiento. Es aquí, como ha sucedido antes, que la COP 20 se jugará su destino. Y el nuestro. 

ricos y pobres

En la historia de las COPs y las negociaciones globales sobre el Cambio Climático, el tema del financiamiento ha sido el centro de la conversación y el principal obstáculo para el progreso. Pero el marco legal es claro. La ONU lo describe así:  

"Las naciones desarrolladas deben proveer a las naciones en desarrollo recursos financieros para asistirlas en la implementación de los objetivos de la UNFCCC (...). Las naciones en desarrollo deben tener certeza de que los recursos son predecibles, sostenibles, y que los canales utilizados les permiten usarlos de manera directa y sin dificultad".

Es un tema de equidad y justicia, pero también uno de necesidad práctica. Equidad y justicia, porque, en términos de los daños al medio ambiente causados por la industrialización y la acción humana, la principal responsabilidad recae por razones obvias sobre las sociedades desarrolladas. Que son, además, las que más se han beneficiado en el proceso, aunque las consecuencias nos afecten a todos. Y necesidad práctica, porque no hay ninguna otra manera de que las naciones pobres tomen las medidas requeridas para contribuir a la solución del problema.  

Este fue uno de los principales puntos de contienda en la COP 19, en Varsovia. Ahí, en la que muchos esperaban fuera "la COP del financiamiento", las negociaciones terminaron rompiéndose precisamente sobre este punto, y no se produjeron resultados. El tema es este: en la COP 15, en Copenhague (2009), las naciones industrializadas se habían comprometido a contribuir US$30,000 millones anuales (escalables a US$100,000 millones por año después de 2012 y hasta el 2020). Esta promesa se convirtió en un acuerdo al año siguiente, en Cancún, con el establecimiento del Green Climate Fund. Sin embargo, al iniciarse la reunión de Varsovia en 2013, las contribuciones habían disminuido en un 71%. 

En la reciente Cumbre del Clima organizada en Nueva York por Ban Ki Moon, las naciones industrializadas expresaron su esperanza de llegar pronto a los US$10,000 millones. La realidad, sin embargo, es que los fondos hoy sobre la mesa apenas llegan a los US$3,000 millones, la décima parte de lo ofrecido inicialmente para empezar el Fondo.

¿Qué se debe lograr en Lima? Esencialmente, esto: hacer operativo el GFC y financiarlo al menos hasta los niveles planeados originalmente. ¿Se conseguirá? Difícil. Los Estados Unidos mencionan la incapacidad del ejecutivo de desembolsar tales cantidades sin aprobación del Congreso, y esa aprobación es hoy (tras las victorias Republicanas en las recientes elecciones legislativas) más difícil aún que el año pasado. La Unión Europea, por su parte, también ha dado excusas. Entretanto, las naciones en desarrollo vienen a Lima esperando que la capitalización del GFC a, por lo menos, US$15,000 millones. 

La verdad es que el clima político no favorece la resolución de este impase, como no lo favorecía en Varsovia el año pasado. Pero la situación es aún más crítica hoy que entonces, tanto en términos de la aceleración del calentamiento global y sus efectos, como por la cercanía de Paris 2015. El establecimiento de acuerdos claros y la toma de acciones concretas en el terreno del financiamiento será, en unas semanas, una de las principales medidas del éxito o el fracaso del evento. 


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