El 13 de junio del 2012, Catherine Grèze, diputada francesa del Partido Verde dejó perplejo al presidente Ollanta Humala al cuestionar la situación ambiental en el Perú. “Quiero expresarle mi preocupación respecto a los grandes proyectos mineros en su país, los cuales (han originado) 250 conflictos socioambientales, ciudadanos que no ven los beneficios porque los recursos no se quedan en las comunidades. La reforma parece que no es suficiente [del modelo económico que preconizaba el mandatario]. Todavía quedan problemas de salud, de agua contaminada”, afirmó. 

Humala había llegado a Francia para presentarse ante el Parlamento Europeo como parte de una gira que buscaba consolidar el acuerdo comercial con el Viejo Continente. Antes de la intervención de Grèze, el mandatario había afirmado que su gobierno respetaba todos los compromisos sobre derechos humanos y medioambiente. Lo dicho por la diputada francesa evidenció las fisuras del discurso de Humala y las medidas adoptadas por su gobierno, grietas que se han mantenido en los casi tres años y medio de gestión.  

Las políticas del Ministerio del Ambiente casi siempre han languidecido frente a las necesidades de otros sectores ligados a la producción.

El mandatario ha tenido una dura tarea para equilibrar el desarrollo productivo de las grandes industrias con las políticas de protección medioambiental, en un contexto de desaceleración económica regional y local. La balanza casi siempre ha jugado en contra de las políticas del Ministerio del Ambiente que han languidecido frente a las necesidades de otros sectores ligados a la producción. 

El presidente, sin embargo, ha mantenido un discurso ponderado y casi siempre exigente sobre los compromisos medioambientales que se deben asumir, en las reuniones de Alemania y Nueva York, prefacios para la COP20 que se celebrará en Lima entre el 1 y el 12 de diciembre.

En Alemania, tras participar el Quinto Diálogo de Petersburg sobre cambio climático—una cita que reúne a los ministros del Medio Ambiente de los países que participarán de la cumbre que convoca la ONU—, Humala en una declaración conjunto con la canciller de ese país Angela Merkel, indicó que se requería “una convención jurídicamente vinculante para todos” y se mostró dispuesto a “asumir obligaciones" en el combate contra el cambio climático. 

Solo días antes de esa reunión, el Congreso aprobaba el llamado “paquetazo ambiental”, un conjunto de leyes que modificaban la regulación ambiental para promover las inversiones, debilitándolas, según criticaron diversos especialistas. Incluso se conoció que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal —quien contra todo pronóstico ha permanecido en el cargo solo para participar de la COP20 según fuentes del sector— votó en contra de estas medidas que fueron promovidas por la cartera de Economía, en ese entonces piloteada por el exministro Miguel Castilla.

Estas normas le quitaron al MINAM la facultad de crear zonas reservadas (figura transitoria antes de crear un área natural protegida) para otorgársela al Consejo de Ministros. Además, por tres años se restringió la facultad para sancionar de la OEFA, obligándola a preferir las medidas de remediación, solo si las empresas no cumplen, se le permite ahora multarlas, pero solo con un 35% del importe que establece la ley. Se otorgó solo un plazo de 30 días para que los funcionarios emitan opiniones sobre los EIA (Estudios de Impacto Ambiental), con la intención de darle celeridad a los proyectos, sin prever que existen casos complejos que requieren un mayor examen, entre otras medidas.