Milton Sánchez resaltó la urgencia de fortalecer e impulsar el buen vivir para los pueblos en el Perú, mediante el fortalecimiento de la producción sostenible, las economías locales, la asociatividad y el cuidado de los bienes comunes, como alternativa al extractivismo, para hacer frente al cambio climático y construir una sociedad realmente justa y democrática. "Para ello es necesario seguir defendiendo la Madre Tierra y nuestros territorios, nuestro derecho a la salud, para que seamos los pueblos los que decidamos sobre nuestro destino y para que podamos recuperar la armonía entre la economía, la sociedad y la naturaleza. Por ello, mantenemos nuestro rechazo definitivo a los proyectos extractivos y megarepresas hidroeléctricas que se expanden de manera caótica y violenta en nuestros territorios", detalló.

A continuación, las demandas del  Movimiento de los Pueblos por el Buen Vivir, motivo por el cual marcharán el 10 de diciembre:

* Exigimos a las autoridades nacionales e internacionales reconocer que el cambio climático es síntoma de la crisis de la forma cómo los poderosos han sometido a la sociedad y la economía mundial, provocando la destrucción de la naturaleza y la mercantilización de la vida. Por lo tanto, la única respuesta viable para enfrentarlo es poner fin al capitalismo extractivista, depredador y etnocida, para restaurar el equilibrio con la Madre Tierra y generar un modo de vida justo y sostenible.

* Derogatoria inmediata de las leyes del paquetazo antiambiental, tributario y territorial (Ley Nº 30230) y las leyes de la criminalización de la protesta y de la impunidad que atentan contra la naturaleza, los derechos humanos y la democracia.

* Modificación de la Ley de Consulta Previa en concordancia con el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado peruano, para que realmente permita la autodeterminación de los pueblos; así como la modificación del Sistema Nacional de Inversión Pública para que permita promover la agricultura familiar comunitaria y otras actividades productivas sostenibles.

* La aprobación de las propuestas de ley para la protección de las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles, para la prohibición del uso de cianuro y mercurio, y el de derecho humano al agua, planteadas en la Marcha Nacional por el Agua, así como la propuesta de ley de la Plataforma de Ordenamiento Territorial en esta materia, y de la propuesta de ley marco frente al cambio climático de la Cumbre de los Pueblos.

* Que cese la violencia, criminalización y toda forma de persecución o estigmatización de nuestros compañeros y compañeras que luchan por los derechos sociales y ambientales colectivos e individuales dentro de nuestros territorios. Que se repare y haga justicia a los cientos de afectados por la represión de las fuerzas del orden del Estado, puestas al servicio del gran capital.

* Inmediata libertad para los defensores y defensoras de la Madre Tierra, la vida y de los derechos de los pueblos, injustamente enjuiciados y encarcelados en todo el país.

* Respeto a la voluntad de los pueblos, claramente expresada en manifestaciones, asambleas, elecciones y consultas vecinales y comunales democráticas en contra de la presencia de proyectos extractivistas en nuestros territorios.

* Cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el Gobierno Central en los procesos de mesas de diálogo implementados en diferentes partes del país, como en Espinar, Moquegua, Arequipa y otros.

* Revisión del proyecto del Gasoducto del Sur Peruano, priorizando los intereses nacionales y asegurando que los beneficiarios principales sean los pueblos dueños del gas y no las transnacionales.

* Cese de la expansión de las actividades extractivas en el país y, además, que aquellas empresas que han operado u operan actualmente y que han generado daños ambientales y sociales, sean obligadas a la reparación económica, social y ambiental a los pueblos y comunidades afectadas.

* Exigir al Fiscal de la Nación y al Congreso de la República la creación de una comisión de investigación y sanción por la evasión de impuestos por parte de las empresas extractivas; concretamente, la evasión de impuestos por parte de la empresa Minera Yanacocha.

* Que los gobiernos locales, regionales y nacional orienten la inversión pública municipal y regional para impulsar la asociatividad y la mejora de la producción diversificada, para una economía justa y solidaria, generando cadenas productivas que permitan fortalecer el desarrollo del mercado interno, asegurando la soberanía alimentaria. Que impulsen políticas de defensa y protección de los recursos hídricos y del patrimonio cultural, el apoyo a la agricultura y la ganadería familiar y comunal sustentable, el ecoturismo, el turismo vivencial, las energías renovables, la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, respetando la pluriculturalidad del país.

* Realización de inventarios hídricos, procesos de ordenamiento territorial participativos, políticas de gestión y protección ambiental y de una genuina política de consultas y plebiscitos para que los pueblos podamos decidir sobre nuestros territorios y defender nuestro derecho al buen vivir.

* Planteamos el fortalecimiento de los procesos de descentralización frente a la reconcentración del poder y las decisiones políticas y económicas de los grupos de poder. Trabajaremos por la refundación de la política en el país, para el surgimiento de una nueva institucionalidad del Estado, descolonizando y despatriarcalizando todas las relaciones sociales, políticas y culturales, buscando la armonía con la Madre Tierra y entre los pueblos.