A mediados de octubre se realizó en Lima la 18ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuyo objetivo fue discutir los desafíos relacionados con la generación y formalización de empleos. El evento contó con la presencia de más de 400 delegados internacionales y fue inaugurado por el presidente Ollanta Humala

En esa ocasión, el director general de la OIT, Guy Rider, criticó duramente la propuesta de reforma del régimen laboral que esgrimen algunos gremios empresariales, ya que con el pretexto de generar mayor formalidad y competitividad, se reducirían sustancialmente derechos laborales.

rider y humala durante la inauguración de la última reunión regional americana de la oit/foto conep 

"No creo que la competitividad y la productividad de un país pasen por la reducción de salarios ni por la reducción de las condiciones de trabajo. En América Latina el porcentaje del producto nacional que va al trabajo es muy bajo, más que en otras regiones (…) esta clase de reformas tendrían normalmente que pasar por un proceso de diálogo social, y no por imposición unilateral", señaló Rider. Más claro no canta el gallo.

En consonancia con la crítica de Rider, y mientras la reunión aún se realizaba en la capital, se difundió un comunicado en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país, cuestionando también la propuesta . El comunicado, aparecido el 15 de octubre, planteaba otras medidas para una mayor formalización laboral, respetando los derechos fundamentales y el fomento del trabajo digno.

Publicado en el diario La República y suscrito por docentes, investigadores ex ministros y otras personalidades, el documento trajo consecuencias. Según denuncian representantes de diversos sindicatos y agrupaciones de trabajadores, el 27 de octubre el abogado Christian Sánchez Reyes fue presionado para dejar el cargo de Intendente Nacional de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 

La razón: haber suscrito el pronunciamiento.

En una carta de solidaridad difundida esta semana, se afirma que a Sánchez "le manifestaron que su salida era requerida por representantes de algunos gremios empresariales quienes de manera pública manifestaron su disgusto por la adhesión al referido comunicado por parte de funcionarios públicos como Christian Sánchez". Se trataría pues de una grave afectación a la libertad de expresión.

Y asi lo entienden los firmantes de la carta de solidaridad: 

"Se está sancionando a un funcionario público responsable de supervisar el cumplimiento de los derechos laborales, por defender estos derechos, y afectando su libre expresión, obviándose que los trabajadores del sector público no pierden su condición de ciudadanos ni los derechos que les corresponden por trabajar en el Estado. Esta situación, muestra de forma descarnada el grado de cooptación del Estado por los intereses de la gran empresa en menoscabo de los intereses públicos".

¿Por qué no puede opinar un ciudadano sobre una materia técnica que será resuelta en el congreso?, se pregunta el laboralista Javier Neves. ¿Habrá un pronunciamiento formal de la SUNAFIL y del Ministerio de Trabajo alrededor de esta grave denuncia?. Esperemos que sí.

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