La vigilancia ambiental es un mecanismo de participación de la sociedad civil organizada para vigilar el medio ambiente y los recursos naturales que pueden ser afectados por las actividades extractivas. Y los comités de monitoreo y vigilancia ambiental son organismos de coordinación, que fomentan la participación de la sociedad civil (en especial de las comunidades), las empresas y el Estado en todos sus niveles para generar mecanismos de verificación que contribuyan en la evaluación de los impactos ambientales que la actividad minera ocasiona. De hecho, los comités son un complemento de las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización que hace el Estado, pero no están institucionalizados.
Ante esta carencia, en el Congreso de la República hay una iniciativa legislativa –promovida por la parlamentaria Verónika Mendoza– que propone el reconocimiento legal de la vigilancia y del monitoreo ambiental ciudadano e indígena y su articulación al Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
El proyecto de ley recoge los aportes brindados por diversos representantes de la ciudadanía y los pueblos indígenas, en el marco de un proceso participativo de diálogo de más de un año, el que involucró experiencias de vigilancia ciudadana e indígena y la participación de autoridades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
En ese lapso, la congresista y organizaciones civiles constataron que la vigilancia y el monitoreo ambiental comunitario surgen de manera autónoma del seno y preocupación de las comunidades y pobladores locales por conservar sus tierras y territorios ante el desarrollo de diversas actividades en su localidad.
- ¿de qué trata la propuesta?
El proyecto de ley promueve el reconocimiento legal de las organizaciones de vigilancia y de monitoreo ambiental y social como una asociación que desarrolla de forma autónoma, actividades de vigilancia y monitoreo, que podrá ser conformadas tanto por miembros de la sociedad civil como de las poblaciones indígenas.
Asimismo, propone la articulación de las acciones y la incorporación de los reportes elaborados por las iniciativas de vigilancia ciudadana y de los pueblos indígenas al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con el propósito de complementar la actuación del Estado e impulsar su rápida atención ante diversas problemáticas.
Esto permitirá que el Estado, las empresas y diversas instituciones tomen en cuenta los resultados de las evaluaciones comunitarias, para la elaboración de los estudios de impacto ambiental y de otros estudios ambientales, lo que no ocurre hasta la fecha. Asimismo, garantizará el ejercicio efectivo del derecho de participación ciudadana y de los pueblos indígenas en la gestión ambiental.
Además, establece que las organizaciones de vigilancia y monitoreo de la sociedad civil y los pueblos indígenas puedan proponer el establecimiento de zonas emergencia ambiental y de áreas críticas, frente a situaciones en las que el nivel de contaminación al ambiente afecte la salud de las personas.
- dónde, cuándo, quiénes
Mañana, en el foro público Institucionalización de la vigilancia y el monitoreo ambiental ciudadano e indígena se presentarán cuatro experiencias de vigilancia y monitoreo ambiental de diferentes lugares del Perú, por parte de sus propios actores, entre ellas el trabajo de los monitores ambientales de la cuenca del Pastaza en Loreto, quienes identificaron más de 200 sitios impactados por actividades de hidrocarburos lo que impulsó la declaración de emergencia ambiental y el establecimiento de un plan de descontaminación de suelos del Ministerio del Ambiente (Minam).
Además será expuesta, la experiencia de la Mesa de Diálogo Provincial en Espinar (Cusco) en la que participaron la municipalidad provincial, el gobierno regional del Cusco, el Minam y otros organismos a cargo de la gestión ambiental; y, las veedurías forestales, que promueven el buen manejo forestal comunitario y el mejoramiento de la calidad de la vida de las poblaciones indígenas así como la conservación de los recursos forestales y territorios.
La cita es a las 8:30 am en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. La organización estará a cargo del despacho de la congresista Verónika Mendoza, Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
