Esta tarde, un violento desalojo de vivienda en Cajamarca resultó en la muerte de un padre de familia, que se había apertrechado en el techo de la casa junto a algunos vecinos  y durante algunas horas resistió los intentos de la policía por ejecutar una orden judicial.

Antes de que el desalojo se torne violento, el propietario de inmueble en disputa, identificado como Fidel Flores Vásquez, imploró a la jueza y a los agentes que le permitieran permanecer con su familia en el lugar. Ante la negativa, intentó impedirles el acceso utilizando piedras, ladrillos y cócteles molotov.

Como se ve en las siguientes imágenes, publicadas por Cajamarca Reporteros, la policía no tuvo reparos en disparar a quemarropa contra Flores, ni en utilizar enorme violencia contra las demás personas que se encontraban en la casa. Advertencia: las imágenes son sangrientas y terribles.

[Actualización 31/10/14: Según informa el diario La República, el operativo de desalojo habría estado inicialmente bajo el mando de Pedro Carmona Reyes, jefe de la 1ª comisaría de Cajamarca, quien habría sido relevado luego por el coronel Arturo Carbajal Bellido, responsable de la Jefatura Departamental PNP]

El video muestra también que la policía contaba con la ayuda de civiles para este desalojo (se les observa con el torso desnudo). La presencia de estas personas en el operativo no ha sido explicada. 

Fidel Flores fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Cajamarca, donde murió.

También de Cajamarca Reporteros, estas son las declaraciones de la jueza que ordenó el desalojo, Carmen Araujo, quien responsabiliza enteramente de lo sucedido a las personas que resistían desde la azotea. 

A esta hora, se sabe que hay hasta 5 detenidos, quienes han sido trasladados a las instalaciones de la DIVINVRI. Entretanto, los vecinos y familiares de la víctima han anunciado que velarán sus restos en las afueras de la casa, donde aún se encuentra la policía.

[Actualización 31/10/14: Son nueve detenidos bajo cargos de delito contra la tranquilidad pública, violencia y resistencia a la autoridad: Gandhi Cueva Minchan (27), José García (30), Wilfredo Valencia (44), Noé Alvarado Torres (25), William Martínez (27), Desiderio Cusco (42), Erick Cruzado (23) y Santos Flores Cusco, éste último, hijo del fallecido]

En estas imágenes, Flores Vásquez, sus familiares y vecinos explican su postura y su decisión de defender el predio. Se trata de siete familias en dos lotes de vivienda, quienes, según detallan, se encontraban aún querellando por la propiedad y no fueron notificados de la orden de desalojo.

La situación es, por supuesto, confusa, y es imposible a la distancia adjudicar razón o error a ninguna de las partes del proceso judicial. Pero sí está claro que la violencia de las acciones policiales y su uso de armas de fuego tienen enorme responsabilidad en lo sucedido. En situaciones como las que estas imágenes muestran, donde en un inicio no está en riesgo inminente ninguna vida y lo que se disputa es un terreno, esperar y negociar debería ser la única estrategia de las autoridades judiciales y policiales.

Aquí, sin embargo, ante la resistencia de un grupo de ciudadanos, los efectivos decidieron ejecutar la orden a cualquier costo, y ese costo terminó siendo el de una vida humana. 

El Ministro del Interior Daniel Urresti tiene responsabilidad política directa sobre lo sucedido y debe responder por ello. Estas acciones de la policía que comanda, acompañada en este caso como en tantos otros similares por matones a sueldo, son consecuencia de un endurecimiento general de las prácticas represivas contra la población civil y una relajación de las normas que rigen el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas del estado, y no son hechos aislados.

Y también cabe preguntarse por el ejercicio de esta violencia contra las poblaciones empobrecidas en regiones marcadas por el conflicto social. No es difícil imaginar las dimensiones que adquiriría el escándalo de haberse producido estos sucesos en otro lugar del país, y de pertenecer sus víctimas a otro grupo social. Como están las cosas, tratándose de familias pobres en Cajamarca, es poco probable que la indignación llegue a mayores. Estamos demasiado acostumbrados a que el Estado peruano trate de esta manera a sus ciudadanos menos favorecidos.

Y eso es algo que no deberíamos permitir.