El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, está en el ojo de la tormenta. Aunque ayer haya derramado algunas lágrimas cuando el Estado entregó los restos humanos de ayacuchanos y huancavelicanos asesinados por Sendero Luminoso y las fuerzas antisubversivas a sus familiares, su imagen no ha cambiado ante la opinión pública, y todo apunta a que el magistrado entorpece las investigaciones en el caso de 'La Centralita'. "Para que Ramos Heredia no pueda usar indebidamente su influyente cargo, debe dar un paso al costado, al menos temporal", dice el periodista Augusto Álvarez Rodrich en su columna de hoy en el diario La República, que comparto a continuación.

Una expresión terrible del desmadre institucional de la lucha anticorrupción en el Perú –que no es reciente– es la escena lamentable de un fiscal de la nación embarrado hasta el cuello que se tambalea para prolongar su permanencia en un puesto crucial para el país cuando esto solo desprestigia aún más al Ministerio Público (MP).

El esfuerzo de Carlos Ramos Heredia por esquivar las citaciones de la comisión parlamentaria que investiga la grave corrupción y asesinatos de Ancash aduciendo, como ayer, diligencias a las que no puede faltar, es tan patético como la denuncia que le ha hecho al presidente de ese grupo congresal, Mesías Guevara, ante la comisión ética, replicando un modo de actuar por el cual, usando y abusando de su puesto, acusa al que dificulte su permanencia al frente del MP.

Pero mientras dicha comisión sigue tratando de llevarlo de grado o fuerza, Ramos Heredia no podrá eludir los procesos disciplinarios iniciados por el Consejo Nacional de la Magistratura por supuestamente obstaculizar las investigaciones sobre las actividades ilícitas que habrían realizado, entre otros, el ex presidente de Ancash César Álvarez, el aún prófugo Rodolfo Orellana y el ya capturado Benedicto Jiménez.

Esto ocurre en un contexto en el que existen serias sospechas de que el crimen organizado y otras manifestaciones del delito han logrado penetrar diversas entidades públicas, desde las vinculadas al control de la corrupción, como el Poder Judicial, el MP, el TC, la PNP y el Congreso, hasta gobiernos locales y regionales, o sectores privados como el periodismo.

Hay indicios razonables que producen sospecha sobre el fiscal de la nación, Ramos Heredia, como lo que él hizo en relación con la investigación de ‘La Centralita’, aunque su culpabilidad o inocencia deberá ser, finalmente, dilucidada en el Poder Judicial en un debido proceso.

Sin embargo, mientras tanto, está el grave problema de cómo confiar en la legitimidad de la investigación a la red de corrupción de Orellana cuando la cabeza del Ministerio Público está bajo sospecha razonable.

Para que Ramos Heredia no pueda usar indebidamente su influyente cargo, debe dar un paso al costado, al menos temporal. Pero, principalmente, porque su permanencia en el MP mancha la lucha anticorrupción, y el poco prestigio de una entidad tan importante para combatir a la corrupción y defender al ciudadano y a la legalidad, pero tan venida a menos por el modo como se ha venido manejando, siendo la principal expresión del fenómeno el que tanto el ex fiscal de la nación como el actual sean sospechosos de estar metidos en cuchipandas inaceptables.


(Foto: Andina)