En los años ochenta, miles de mujeres peruanas fueron víctimas del conflicto armado interno. Entre ellas, las mujeres y niñas de comunidad de la Llusita.  

Carmen Reynalda Huauya Quispe perteneció a dicha comunidad, y fue víctima de violación y tortura en la base militar de Cangallo (Ayacucho) en 1983, cuando tenía tan solo 12 años. Reconocida su afectación por el Estado, se le asignó una reparación económica que se depositaría en el Banco de la Nación (BN). Cuando Carmen fue a retirar su dinero, se dio con la sorpresa de que su cuenta estaba vacía.  

El pasado 29 de agosto, solicitó el apoyo legal de la asociación civil Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), sede en Ayacucho, la cual, efectivamente, comprobó que su nombre figuraba en el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones desde el 2011 y que, por tanto, era beneficiaria de un monto de S/.10,000 por parte del Estado peruano. Esa cantidad, confirmaron las investigaciones, fue depositada en una cuenta del BN. Sin embargo, la entidad bancaria negó que se haya efectuado algún depósito a nombre de Carmen Huauya.

El 17 de setiembre, Huauya dirigió una carta al administrador de la agencia de dicho banco en Ayacucho, Víctor Manyari Carranza, reclamando el dinero que legalmente le pertenecía. Pero el funcionario no le respondió. Un mes después, el abogado de la Comisedh, que defiende a Huauya Quispe, se acercó a investigar para saber cuál era el motivo del silencio. Entonces, el administrador del banco negó haber recibido alguna carta, pese a que existía un cargo con fecha de recepción.

Luego de hacer las averiguaciones, se descubrió que el apellido de Huauya había sido adulterado, así como su número de documento de identidad. Según el encargado de esta entidad bancaria, el autor del delito habría sido un extrabajador del Banco de la Nación, Rafael Mego Pezo, quien estuvo a cargo de la caja de la agencia en Ayacucho y quien, supuestamente, había sido despedido el 29 de agosto, de acuerdo a la declaración del señor Manyari. Sin embargo, los documentos confirman otra cosa: el sospechoso había presentado su carta de renuncia mucho antes, el 3 de julio.

Cuando la Comisión de Derechos Humanos investigó directamente en el Ministerio Público, este organismo confirmó que el caso se encontraba en la oficina fiscal encargada de investigar delitos de corrupción de funcionarios públicos desde el 7 de agosto, mucho antes de que Huauya intentara cobrar su reparación económica. Esto se debe a que existen otras ocho víctimas del conflicto armado interno que han presentado quejas hacia el Banco de la Nación por la desaparición de sus reparaciones económicas.

Esto ha generado doble indignación por parte de los organismos de defensa de derechos humanos, pues se trata de víctimas del conflicto armado interno que ahora son víctimas de funcionarios corruptos. 

                                     Estos son los detalles de la denuncia