El último de los tres días que duró la Cumbre de los pueblos celebrada en Celendín, Cajamarca, concluyó con discursos inflamables, coronados por un cierre festivo. Un melódico huayno interpretado a capela con letras incitando a luchar contra los proyectos extractivos y una perfomance en alabanza a la pachamama, finalizaron una mañana de oratoria beligerante, en la que los representantes de diferentes comunidades indígenas de la sierra y la selva reivindicaron la más variopinta plataforma de reclamos.
Lo verdaderamente llamativo es que al final, después de varias horas de deliberaciones, adiciones y correcciones, el centenar de representantes y comuneros reunidos en la “Casa del promotor” de Celendín lograron consensuar los veintiséis acuerdos y demandas de la plataforma que presentarán en la reunión paralela a la cumbre del cambio climático, COP20, que se celebrará en Lima en diciembre próximo.
- redes y capitalización política
La cita acabó también con el palmario ánimo de cohesionar un movimiento social que trascienda a la llamada Cumbre de los pueblos para el cambio climático, que abarcará cuatro (entre el 8 y 11 de diciembre) de los doce días que durará la COP20. Por ello, se decidió formar una red que coordinará, una vez concluido este evento, las diferentes movilizaciones para impedir el desarrollo de los megaproyectos extractivos en diferentes zonas del país o, como sostienen los organizadores, para defender la vida, el agua y la tierra.
La prueba de fuego de este movimiento será precisamente la cita de la COP20 donde se comprobará su capacidad de convocatoria y movilización de los sectores que afirman representar. De tener éxito, dado el contexto electoral del próximo año, esta red de protesta social seguramente se convertirá en un gravitante bastión político, del cual se valdrán los candidatos de izquierda con un discurso antisistema para impulsar sus candidaturas a las presidenciales del 2016. Es preciso recordar que fue un voto antisistema el que catapultó en las elecciones del 2006 y 2011, al presidente Ollanta Humala a la segunda vuelta electoral.
Pese a lo dicho, en la cita que culminó ayer sábado solo estuvieron presentes un puñado de políticos. En un rincón de la sala y sin mayor protagonismo estuvo Marco Arana, líder de Tierra y Libertad. Arana, ex sacerdote y conocido por su activismo ecológico, era una presencia previsible, por ser, además, Cajamarca, la cuna de su movimiento.
También asistieron los legisladores ex-nacionalistas Jorge Rimarachín y Verónika Mendoza y el líder campesino de origen cusqueño, Hugo Blanco. Extraña resultó, habiéndose realizado la reunión en Cajamarca, la ausencia de las autoridades electas de la región que lideraron la oposición a la ejecución del proyecto minero Conga como Edy Benavides, el nuevo alcalde de Bambamarca o la de los representantes del Movimiento de Afirmación Social (MAS) del reelegido presidente regional, Gregorio “Goyo” Santos, hoy preso por presuntos actos de corrupción.
- PLATAFORMA, CAMBIO DE SISTEMA Y CONtradicciones
El espíritu que acompaña el documento de 26 puntos entre acuerdos y demandas, consensuado en la llamada Cumbre de los pueblos es, en cierto modo, una refundación del Estado. Pese a no haberse plasmado el pedido de una nueva Constitución -aunque hubo voces que lo reclamaron- varios de los acuerdos apuntan en este sentido.
Además de las demandas coyunturales como la liberación de los "compañeros" que han sido encarcelados, la derogatoria de la ley 30230, conocida como la ley del paquetazo ambiental, el inicio de una investigación del Congreso por la supuesta evasión de impuestos de Yanacocha -empresa que es el centro de la ojeriza de los cajamarquinos- entre otros, existen demandas que implican profundas transformaciones.
La frase que más se repetía ayer era cambiar el sistema. El documento solicita "poner fin al capitalismo extractivista, depredador y etnocida, para restaurar el equilibrio con la Madre Tierra y generar un modo de vida justo y sostenible". Asimismo señala: "Ratificamos nuestra decisión de no permitir la realización de proyectos extractivos (minería, hidrocarburos, megarepresas y otros) que atentan contra nuestra seguridad en salud, medio ambiente y soberanía alimentaria". Contradictoriamente, el mismo documento exige la "revisión" del proyecto del gaseoducto del sur peruano, para que favorezcan a los pueblos "dueños del gas". Este proyecto que ejecuta la transnacional brasileña Odebrecht y que debería estar concluido en 2018, es, por cierto, un proyecto "extractivista".
Desde la perspectiva institucional y política, las demandas se encaminan a una mayor autodeterminación de los pueblos "originarios, como comunidades campesinas, rondas campesinas, urbanas y pueblos quechuas, aymaras y amazónicos" y "la jurisdicción propia". Esta propuesta, bastante enunciativa, en boca de los asistentes se explicaba como el respeto a las leyes comunales por encima de las de alcance nacional. "Trabajaremos por la refundación de la política en el país y del surgimiento de una nueva institucionalidad del Estado, descolonizando y despatriarcalizando todas las relaciones sociales, políticas y culturales", cierra pomposamente el documento.
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