En el Perú se corre el riesgo de que la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional o la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional nunca sean implementadas adecuadamente, por lo que se requiere de un Plan Nacional de Atención a la Seguridad Alimentaria con responsabilidades claras de los tres niveles de gobierno, así como de la población organizada. Asimismo, es necesaria la implementación de una política firme de promoción para las comunidades campesinas y nativas, los pequeños agricultores, productores agroecológicos y pescadores artesanales en el acceso a tierra y agua, la asistencia técnica y financiera con recursos presupuestales regularmente asignados.

En este contexto, ante el proceso de negociaciones de la COP20 y de la agenda climática nacional, el Grupo Perú COP20 propone el cumplimiento de políticas orientadas a regular el uso y manejo de agroquímicos, detener el proceso de concentración de la tierra y acaparamiento del agua, defender y proteger los ecosistemas generadores de fuentes de agua, asignar más recursos a la investigación sobre efectos del cambio climático en la agricultura, fortaleciendo el diálogo entre saberes tradicionales y científicos en torno a tecnologías agroecológicas desarrolladas y/o mejoradas por los agricultores, entre otro puntos. 

Cuando se trata de abordar las situaciones de inseguridad alimentaria de carácter estructural y no coyuntural, hay tres términos fundamentales, a veces utilizados de manera indistinta y que son confundidos entre ellos, pero que pueden implicar enfoques diferentes para luchar contra el hambre: la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación.

En la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996 se definió el concepto que en la actualidad sigue vigente. La seguridad alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. Se articula en función de cuatro componentes básicos:  

La disponibilidad de alimentos a nivel local o nacional tiene en cuenta la producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. Para sus estimaciones se han de tener en cuenta las pérdidas post-cosecha y las exportaciones de alimentos.

La estabilidad se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de carácter cíclico o estacional, a menudo asociadas a las campañas agrícolas, tanto por la falta de producción del alimento en momentos determinados del año, como por el acceso a recursos de las poblaciones asalariadas dependientes de ciertos cultivos. En este componente juega un importante papel la existencia y disponibilidad de infraestructura de almacenamiento a nivel nacional y o local en condiciones adecuadas, así como la posibilidad de contar con recursos alimenticios e insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario.

El acceso a los alimentos puede ser físico y/o económico. La falta de acceso físico se da cuando los alimentos no están disponibles en cantidad suficiente allí donde se necesita consumirlos. El aislamiento de las poblaciones y la falta de infraestructuras pueden incidir en la imposibilidad de contar con alimentos en condiciones adecuadas de manera permanente o transitoria. El acceso también se refiere a la ausencia de renta de las personas para alimentarse, debido a la imposibilidad de pagar los precios de los alimentos dado el bajo poder adquisitivo de la población.

El consumo y la utilización biológica de los alimentos. El primero se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, la cultura y las preferencias alimentarias. También tiene en cuenta aspectos como la inocuidad, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar. La segunda está relacionada con el estado nutricional, como resultado del uso individual de los alimentos (ingestión, absorción y utilización) y el estado de salud. La inadecuada utilización biológica puede tener como consecuencia la desnutrición y/o la malnutrición.

Fernando Eguren, director de la Revista Agraria y presidente del Cepes, recuerda que en 1996 el gremio internacional 'Vía Campesina', conformado por organizaciones campesinas de todo el mundo, mostró su desacuerdo con la definición tradicional de seguridad alimentaria porque entendía que con los tratados de libre comercio, con la organización mundial del comercio, y con el control que tienen grandes empresas transnacionales sobre el negocio de alimentos, no bastaba decir que tenía que haber suficientes alimentos, sino que había que poner en el centro, el derecho de los países a definir sus propias políticas.

Es un concepto también de 1996 e impulsado internacionalmente desde el movimiento campesino. Para un entendimiento correcto de lo que implica la soberanía alimentaria se debe tener en cuenta siete principios definidos por Vía Campesina en la Declaración Soberanía Alimentaria. Un futuro sin Hambre en la que se define la soberanía alimentaria como la condición necesaria para una genuina seguridad alimentaria:

Alimentación, un derecho humano básico. Todos deben tener acceso a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente adecuada en cantidad y calidad suficientes para mantener una vida sana con plena dignidad humana. Cada nación debería declarar que el acceso a la alimentación es un derecho constitucional y debería garantizar el desarrollo del sector primario para asegurar el cumplimiento de este derecho fundamental.

Reforma agraria. Es necesaria una reforma agraria auténtica que proporcione a las personas sin tierra y a los productores, especialmente a las mujeres, la propiedad y el control sobre la tierra que trabajan y devuelva a los pueblos indígenas sus territorios. El derecho a la tierra debe estar libre de discriminación de género, religión, raza, clase social o ideología. La tierra le pertenece a aquellos que la trabajan.

Protección de recursos naturales. La soberanía alimentaria implica el cuidado y uso sostenible de los recursos naturales, especialmente tierra, agua, semillas y razas de animales. Las personas que trabajan la tierra deben tener el derecho de practicar la gestión sostenible de los recursos naturales y de preservar la diversidad biológica libre de derechos de propiedad intelectual restrictivos. Esto solamente puede lograrse desde una base económica sólida, con seguridad en la tenencia, con suelos sanos y uso reducido de agroquímicos.

Reorganización del comercio de alimentos. La alimentación es una fuente de nutrición y solamente en segundo lugar un artículo de comercio. Las políticas agrícolas nacionales deben priorizar la producción para el consumo interno y la autosuficiencia alimentaria. Las importaciones de alimentos no deben desplazar la producción local ni reducir los precios.

Eliminar la globalización del hambre. El control cada vez mayor de las empresas multinacionales sobre las políticas agrícolas ha sido facilitado por las políticas económicas de las organizaciones multilaterales tales como la OMC, El Banco Mundial y el FMI. Por lo tanto, se requiere de la regulación y el establecimiento de impuestos sobre el capital especulativo y el cumplimiento estricto de un Código de Conducta para las empresas transnacionales.

Paz social. Todos tenemos el derecho de estar libres de violencia. La alimentación no debe ser utilizada como un arma. Los niveles cada vez mayores de pobreza y marginalización en el área rural, conjuntamente con la creciente opresión de las minorías étnicas y poblaciones indígenas, agravan las situaciones de represión y desesperación. El desplazamiento continuo, la urbanización forzada, la represión y el racismo cada vez mayor hacia los productores de pequeña escala no pueden ser tolerados.

Control democrático. Los productores de pequeña escala deben tener una intervención directa en la formulación de políticas agrícolas en todos los niveles. La Organización de Naciones Unidas y las organizaciones relacionadas tendrán que pasar por un proceso de democratización para permitir que esto se haga realidad. Todos tenemos derecho a información certera y franca y a un proceso de toma de decisiones abierto y democrático. Estos derechos forman la base de una buena gobernanza, responsabilidad e igualdad de participación en la vida económica, política y social, libre de cualquier forma de discriminación. En particular se debe garantizar a las mujeres rurales la toma de decisiones directa y activa en cuestiones alimentarias y rurales.

En el Perú, el actual gobierno mostró su preocupación por que el término soberanía alimentaria esté en el debate nacional ya que esto podría evitar que dicte políticas alimentarias de manera autónoma. Pero el concepto de soberanía –anota Eguren– no solamente se refiere a la autonomía de los países para tomar decisiones en materia alimentaria, sino que, además, incide en cómo se producen esos alimentos y quienes lo producen. 

"Este concepto subraya la importancia de las formas de agricultura no industrializada, con escaso uso de insumos químicos; se rechaza la utilización de semillas transgénicas, y pone en un lugar central el papel de la agricultura familiar en la producción de alimentos, así como el papel de las mujeres. "La soberanía alimentaria es una manera de alcanzar la seguridad alimentaria", añade.

El Instituto del Hambre advierte que uno de los aspectos más repetidamente olvidado ha sido la consideración de la alimentación como un derecho, pues desde el punto de vista jurídico, forma parte de los derechos de segunda generación (sociales, económicos y culturales), donde se encuentran también el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud y al trabajo.

Así, aunque el Pacto Internacional por los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) fue aprobado en 1966, no fue hasta mayo de 1999 cuando se define el derecho a la alimentación. Así, los estados están obligados a respetar, proteger, facilitar y hacer efectivo el derecho a la alimentación. Además, el derecho a una alimentación adecuada incluye el derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico.  

La pregunta es hasta cuándo en el Perú estos tres temas no serán los primeros en la agenda política.

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