"La discapacidad no es un impedimento para salir adelante. Así nos lo demuestra Reymundo Delgado, padre de familia, profesor y maratonista en silla de ruedas", se afirma en la presentación de la pieza audiovisual que la Defensoría del Pueblo ha lanzado con motivo del Día Nacional de las Personas con discapacidad, que se conmemora cada 16 de octubre.

De acuerdo a la defensoría del Pueblo, las personas con discapacidad "forman parte de los estratos más invisibilizados y excluidos de la población. Son víctimas frecuentes de múltiples y agravadas formas de discriminación que les impiden ejercer plenamente libertades y derechos básicos, como la igualdad ante la ley, la libertad de tránsito, el derecho al sufragio, a la educación, a la salud, entre otros".

La vulnerabilidad de las personas con discapacidad se relaciona, por un lado, con la falta de acondicionamiento de la infraestructura (accesos, rampas, asientos preferenciales, ascensores, estacionamientos, señalización inclusiva) y de los servicios públicos o privados a los que accedemos los ciudadanos (transporte, atención en salud, educación, consumo o atención en establecimientos privados). 

Por otro lado se relaciona con algo aún más difícil de superar: prácticas y actitudes discriminatorias, basadas en el prejuicio o el desconocimiento sobre las discapacidades: desde la negativa a aceptar y propiciar que se cumpla con los requerimientos específicos para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse como ciudadanos plenos, hasta la falta de oportunidades en el empleo o la participación en asuntos públicos.

"Son unos guerreros"

El congresista Wilder Ruiz Loayza lo resume así: “Los discapacitados son unos guerreros. Porque son grandes obstáculos los que tiene en su vida. No hay accesibilidad, no hay oportunidad. No hemos sido suficientemente capaces de crear conciencia en nuestra sociedad y encima somos indiferentes".

Ruiz Loayza, del partido nacionalista, es actualmente el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República y ayer, durante la Feria por el Día Nacional de las personas con discapacidad ha adelantado la prioridades de su agenda: "Tenemos ya un norte decidido. Primero la reorganización de CONADIS, lo segundo el censo nacional, para así trabajar con datos concretos. Para las personas con discapacidad severa, hemos propuesto una pensión no contributiva"

Ruiz hizo estos ofrecimientos ante los asistentes a la feria, que reunió en la Plaza Bolívar a organizaciones de personas discapacitadas, y a los deportistas campeones de las Olimpiadas Especiales 2014, los artistas ganadores del Concurso de Pintura del INR, y el concurso de marinera, además de un elenco de una treintena de cajoneros. En la ceremonia de premiación participaron el Vice-Ministro de la Mujer Fernando Bolaños y el Defensor del Pueblo Eduardo Vega Luna, entre otras autoridades públicas.

Los 1’750.402

La conciencia pública sobre la situación de las personas con discapacidad es reciente en el Perú, pese a que las organizaciones que agrupan y representan los intereses de las personas con discapacidad -como SODIS o Aprodeh- trabajan en algunos casos desde hace décadas para sensibilizar a la sociedad y exigir al Estado mayor atención. 

No es un camino sencillo y los instrumentos para garantizar derechos son difíciles de consensuar; como prueba, tenemos que la actual ley de las personas con discapacidad (N° 29973) es la cuarta versión de una ley general en la materia que se produce en tres décadas (1985, 1999, 2012), en las que ha habido diversos ajustes.

Si bien el censo del que habla el congresista Ruiz podría ser un aporte sustancial para ajustar la información existente, ya en 2012 se consiguió como avance que el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI realizara la primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad. El estudio aportó con una cifra clave: 1’750.402 personas, o el 5.2% de la población peruana vive con algún tipo de discapacidad. Allí está el más de millón y medio de peruanos y peruanas que, como Reymundo Delgado, requieren que el Estado y la sociedad reconozca y garantice la protección de sus derechos:

1. Las personas con discapacidad, sin importar su condición, tienen los mismos derechos que el resto de la población, incluido el derecho a su capacidad jurídica, al voto, a contraer matrimonio, a fundar una familia, a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, a su libertad, a no ser discriminado en razón de su discapacidad, a ajustes razonables, entre otros.

2. Las entidades públicas y privadas que brinden servicios de atención al público deben proveer de manera gratuita el servicio de intérprete o guía intérprete.

3. Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad.

4. Las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3%

5. Las personas con discapacidad severa que se encuentren en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y que no tengan un ingreso o pensión recibirán una Pensión No Contributiva a cargo del Estado.

6. Las universidades públicas y privadas deben reservar el 5% de sus vacantes para personas con discapacidad.

Estos derechos están amparados en la La Ley N° 29973, Ley General de Personas con Discapacidad, y en su reglamento, ambos alineados en el objetivo de promover los derechos de las personas con discapacidad y de regular las obligaciones del Estado en materia de salud, rehabilitación, accesibilidad, educación, deporte, trabajo, empleo y protección social.

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