El parlamento de Cataluña aprobó hoy, jueves, la Ley contra la homofobia y para garantizar los derechos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI).

La norma prevé desarrollar y garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia, para lo que contempla medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.

Cabe indicar que el régimen sancionador ha sido uno de los puntos más polémicos de la norma, que prevé entre las infracciones el uso de expresiones vejatorias que inciten a la violencia, discriminar el acceso de personas LGTBI a un servicio público, asediarles y convocar actos que inciten al odio contra este colectivo.

Las sanciones por estas infracciones varían en función de si se trata de leves, graves o muy graves y van desde una multa equivalente al indicador de la renta de suficiencia –569,12 euros en el 2014– a la prohibición de recibir ayudas públicas o subvenciones durante un máximo de cinco años.

Punto fundamental

Además de la importancia del régimen sancionador, otro pilar de la norma aprobada hoy es la inversión de la prueba –o reversión de la carga–. De acuerdo con la plataforma LGTBcat, la inversión de la prueba es muy importante en los casos de discriminación en que a menudo, explican, es muy difícil reunir pruebas, y que implica que sea la persona presuntamente discriminadora la que tenga que probar que no ha discriminado. Esto es –según eldiario.es– lo que más preocupa a sectores conservadores: "para los obispos es peligroso que tenga que ser el acusado quien demuestre su inocencia, al revés de lo habitual, que es el acusador quien debe demostrar la culpabilidad", subraya.