El ministro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, ha devuelto al debate público la ejecución de una reforma laboral y tributaria, ambos reclamos de los gremios empresariales desde hace varios años. En la columna que publicó el fin de semana último, en el diario El Comercio, Segura escribió: "Estamos evaluando medidas adicionales, incluyendo los ámbitos tributario y laboral, que brinden un soporte adicional a la actividad económica, impulsando así las expectativas en el corto plazo y permitiendo generar mayor competitividad y ganancias de productividad".
Tras señalar que lo "peor de la desaceleración ya habría pasado" y que en los próximos meses la economía debería ingresar en un ciclo de recuperación, el ministro retomó el camino de las citadas reformas que su antecesor, Luis Miguel Castilla, había intentado poner en agenda, pero consciente del escaso consenso político del Gobierno dejó solo en el tintero.
Castilla declaró en julio pasado al diario Gestión: "Uno de los reclamos empresariales es hacer cambios en la legislación laboral. Hay una revisión de todas las regulaciones que impiden que las empresas puedan crecer, no queremos que incentiven el enanismo porque finalmente pongo la valla baja e incentivo que se partan en dos o tres empresitas para poder cumplir la legislación. En el marco del Plan de Diversificación Productiva, en el pilar de la productividad y desregulación, hay normas y estamos haciendo evaluaciones, se requiere consenso político pero también una propuesta que sea viable".
El extitular del MEF reconocía en esa entrevista que el Gobierno ya estaba en su cuarto año y que el capital político estaba bastante menguado, por tanto solo aspiraba a incluir ambas reformas en el debate. Desde de las declaraciones de Castilla hasta hoy, el Gobierno no solo ha mantenido una baja aprobación por debajo del 30% según las encuestas, sino que la bancada oficialista, donde finalmente se deberían aprobar ambas reformas, ha dejado de ser mayoritaria.
Una polémica reforma laboral
Sobre la reforma tributaria el exministro se explayó muchísimo más que sobre la laboral. De hecho, el Gobierno ha venido aprobando medidas como la clausula antielusiva general promulgada en 2012; incluso en el paquete "reactivador" de la economía se introdujeron medidas tributarias como: la eliminación de la capitalización de intereses, cambios en el régimen de percepciones del IGV, entre otras. Una reforma implicará, entre otras medidas, una mayor lucha contra la evasión, así como la ampliación de la base tributaria.
Sin embargo, sobre la laboral se mostró muy cauto sobre adelantar en qué consistiría, consciente del costo político que ésta representaría para el Gobierno. Sin embargo, los gremios dan una pista por dónde vendría la reforma. En enero de este año, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó que las empresas peruanas pagaban un 60% de sobrecostos laborales, cifra que supera a otros países de la región como sus socios en la Alianza Pacífico (México, Colombia y Chile).
Según el comunicado de la CCL, la rigidez laboral "constituye en uno de los principales factores que impiden la formalización y le resta competitividad al sector productivo". La receta, según la CCL, es la flexibilización de la política laboral. Se entiende por flexibilización reducir esos sobrecostos que son por ejemplo: la doble gratificación de los trabajadores (julio y diciembre), el pago de las vacaciones, la CTS, los días de vacaciones y abaratar los costos y flexibilizar las normas de despido.
"Esto quiere decir que además del pago por el trabajo efectivo, el empleador debe aportar adicionalmente el 60% de la remuneración para cumplir con lo establecido en la regulación laboral, convirtiéndose en un sobrecosto laboral", afirmó el jefe de estudios económico de la CCL, César Peñaranda. Se espera entonces hacia donde apuntará una reforma laboral, por lo pronto la aprobación de la Ley General del Trabajo es evidente ha quedado fuera del radar del Gobierno.
