¿Quién es 'culpable'? ¿Corporación Lindley? ¿Coca-Cola? ¿El ministro Luis Miguel Castilla? ¿El asesor del Ministerio de Vivienda? ¿Fue sólo un error –como dice el titular del MEF– que el Ministerio de Vivienda haya copiado la apelación que la representante en el Perú de Coca-Cola presentó al Servicio de Parques de Lima (Serpar)?  ¿Es cierto lo que dice el congresista Manuel Dammert: había un lobby a favor de esta empresa? Según el parlamentario, Castilla es el responsable político.

Como se sabe,  Corporación Lindley (CP) solicitó a Serpar la cotización del aporte que, por concepto de parques, le había generado la habilitación de un lote industrial de 669,100 metros cuadrados en Pucusana. La respuesta fue que la empresa debía cancelar S/.8’316,973. Ante ello, CP apeló con el argumento de que la cotización debía hacerse según el valor arancelario. Es decir, planteaba desembolsar S/.485,729. Serpar y la Municipalidad de Lima dijeron NO. 

En su descargo, Corporacion Lindley emitió un comunicado en el que indica que "las diferencias de interpretación entre Serpar y Lindley deben seguir siendo formalmente canalizadas a través del Poder Judicial, donde serán resueltas en su debido momento por dicha instancia, y no hacer uso público de la marca Coca-Cola, exponiéndola como la supuesta única beneficiaria de una discusión judicial alrededor del cumplimiento de una norma".  

El proyecto 3690-2014  entregado por el ministro Castilla fue destinado al Congreso de la República en julio. La iniciativa modifica la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (N° 29090) para que el aporte que las inmobiliarias deben hacer por habilitación urbana se haga sobre la base del valor arancelario urbano o rústico y no tomando en cuenta el valor comercial de la edificación. ¿Simple coincidencia con lo que pedía Lindley? No. Y así lo demostró el congresista Dammert, durante la sustentación del Presupuesto Público del 2015 el pasado miércoles, cuando demostró las similitudes de la apelación de Coca-Cola y el proyecto de ley enviado al Congreso. Párrafos copiados, artículos y notas de pie de página incluidos. Ley con nombre propio. ¡Lobby en el gobierno! ¿Otro?

El ministro Castilla tuvo que aceptar lo ocurrido y afirmó que era un 'error' cometido por un asesor de alta di­rección del Ministerio de Vivienda, el cual, por cierto, fue despedido (el viceministro de Vi­vienda y Urbanismo, Ricardo Vidal Núñez, puso su cargo a disposición). “Durante la elaboración de esta propuesta, un asesor del ministerio de Vivienda cometió un error de reproducir textualmente un extracto de referencias normativas vinculadas a la problemática, utilizando documentos de gremios y de empresas entregados en el marco de reuniones sostenidas entre ese despacho y estos privados”, respondió el hombre del MEF. ¿Luis Miguel no estaba al tanto?

“Hay una responsabilidad política del ministro de Economía por haber hecho pasar este lobby en un proyecto de ley con la firma del presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros”, señala el congresista Dammert.

Y continúa: "La fundamentación del proyecto de ley de redención de aportes en dinero por habilitaciones urbanas presentado al Congreso es una copia literal del documento de Coca-Cola que había sido presentado anteriormente el 15 de abril a la Municipalidad de Lima, como se aprecia en sus puntos 2, 3, 4, 5 y pie de páginas correspondientes. Esto demuestra la obsecuencia del ministro Castilla a los intereses de la Corporación Lindley y el desinterés y perjuicio contra las ciudades metrópolis del Perú". 

Para la periodista y abogada Rosa María Palacios, el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad central en este caso. "El proyecto de ley no es una iniciativa de un congre­sista mafioso o sorprendido. No. Es el proyecto de ley que, entre decenas de disposiciones –como para marear al más sabido– para 'promover la inversión' fue mandado por el propio presidente Humala al Congreso bajo elabora­ción del MEF. El proyecto incluye así, solapa nomás, una norma para que los aportes a Serpar que debe pagar toda habilitación urbana se calculen sobre valor arancelario y no sobre valor comercial como hasta ahora", dice en su columna de hoy.

"...le debemos a un lobbista y a los funcionarios más ociosos del Estado el saber cómo se hacen negocios en tiempos de Castilla: mercantilismo puro y duro. Y del peor", subraya.

 ¿Alguien se animará a interpelar a Castilla por este lobby? Al cierre de esta nota, el ministro Mayorga hace todo lo posible para demostrar que no es lobbista.