El Gobierno ha designado al abogado Daniel Maurate como nuevo viceministro de promoción del empleo del Ministerio de Trabajo, pese a la retahíla de cuestionamientos en su contra. Maurate ocupó fugazmente la dirección de la Dicscamec en setiembre del 2011, pero tras un informe de la fenecida Unidad de Investigación de El Comercio fue destituido por el entonces ministro del Interior Óscar Váldes, ocho días después de su nombramiento.
La investigación elaborada por la periodista Fabiola Torres reveló un informe de la Oficina de Control Interno de la Municipalidad de Independencia según el cual Maurate, ex candidato al Congreso por Gana Perú, adulteró certificados de experiencia académica y laboral para ser contratado en 2007, como asesor legal externo. Maurate cobró por este trabajo S/. 48.650.
En junio de 2008, la procuradora Nilda Yañez denunció a Maurate y a otros funcionarios públicos por los delitos de negociación incompatible, utilización indebida de recursos y falsa declaración en la contratación de servicios de asesoría legal externa. Según el informe de El Comercio, el alcalde Lovell Yomond intentó frenar las investigaciones contra Maurate. Finalmente, en menos de dos meses, la Fiscalía archivó la denuncia.
“El paso de Maurate por la Municipalidad de Jesús María durante la gestión de Carlos Bringas (2003-2006), donde también fue asesor legal, tampoco terminó bien. En el 2006 la Fiscalía Provincial Penal 51 de Lima lo investigó por colusión ilegal, peculado, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Sin embargo, el caso también se archivó”, indica el informe de El Comercio.
OSCUROS CLIENTES
En 2007, Maurate conformó el estudio jurídico Peláez Bardales, Cárdenas Martínez & Maurate Romero con el hermano del fiscal de la Nación, Mariano Peláez. Maurate patrocinó a la empresa Bruce Grupo Diversión, investigada por lavado de activos y que presidió el ciudadano chino Liu Ping Chang, buscado por la Interpol.
En 2008 asumió la defensa del destituido juez Carlos Mori, quien cobró una coima de mil 500 soles para autorizar un desalojo cuando estuvo a cargo del módulo básico de Condevilla, en San Martín de Porres.
También fue abogado del empresario chimbotano Jack Castillo, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal de Casma Luis Sánchez Colona, uno de los casos emblemáticos de Áncash. Castillo era un proveedor del Gobierno Regional dirigido por César Álvarez que estaba amasando una fortuna presuntamente de forma ilícita y fue denunciado por Sánchez.
En este vídeo el flamante viceministro de Trabajo aparece afirmando la inocencia Sánchez.
La pregunta cae de madura: ¿si en el 2011 los graves cuestionamientos contra Maurate lo alejaron del Gobierno, por qué ahora se insiste con su presencia dentro del Ejecutivo?
