La semana pasada el Colegio de Abogados de Loreto hizo público un pronunciamiento en el que solicitaba al Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación y al Ministerio de Justicia que los procesos judiciales emblemáticos contra funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción sean revisados por la Sala Penal Nacional con el objetivo de "garantizar una justicia imparcial".

El pedido radica en que esta institución considera que la Corte Superior de Justicia de Loreto no está en condiciones de administrar justicia de manera adecuada cuando investiga a autoridades políticas regionales y locales debido a que la mayoría de jueces titulares están designados a los jurados electorales especiales, otros no conocen las causas y ello puede permitir una recusación; también hay jueces provisionales y suplentes que no garantizan un juzgamiento correcto.

"Se trata de un pronunciamiento mesurado que presenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la Corte Superior de Justicia de Loreto para enfrentar los casos que plantea. Viniendo de un organismo como el Colegio de Abogados de Loreto debemos tener la seguridad de que la preocupación expresada se basa en el conocimiento profundo de la situación y no responde a juicios apresurados y subjetivos", señala el reconocido antropólogo y consultor Alberto Chirif, quien labora en Loreto.

Como se sabe, por esta corte han pasado funcionarios acusados de corrupción, el más importante, sin duda, el presidente regional Yván Vásquez. Según el Colegio de Abogados de Loreto, la sociedad loretana ha perdido confianza en sus instituciones y magistrados.

Para Chirif, la Comunidad Educativa Loretana (CEL) debe iniciar un debate al respecto y apoyar la propuesta del Colegio de Abogados de Loreto.

A continuación la carta completa que el antropólogo ha dirigido a la CEL:

Estimados integrantes de la CEL:

El 11 de agosto pasado, un diario de Iquitos publicó un comunicado del Colegio de Abogados de Loreto, fechado el 9 de dicho mes, en el que expresa su preocupación por la falta de condiciones de la Corte Superior de Loreto “para administrar justicia de manera adecuada cuando de investigar a autoridades políticas regionales y locales se trata, por la presunta comisión de delitos de funcionario públicos”. De manera precisa y contundente el pronunciamiento expone las razones de su juicio: la mayoría de jueces titulares se encuentran en este momento designados a los Jurados Electorales Especiales, otros están impedidos de conocer tales causas y son susceptibles de ser recusados y un alto porcentaje de magistrados son provisiones o suplentes “y no garantizan el debido juzgamiento”.

En este sentido, el Colegio de Abogados de Loreto, “recogiendo la percepción ciudadana” y “el sentir mayoritario de sus agremiados”, hace un llamado “al Presidente del Poder Judicial, al Fiscal de la Nación y al Ministro de Justicia, para que los procesos judiciales emblemáticos, instaurados contra funcionarios públicos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, sean sustanciados en la Sala Penal Nacional con el propósito de garantizar una justicia imparcial”.

El Colegio de Abogados de Loreto señala finalmente su convicción de que esta medida permitirá restaurar en la sociedad loretana la confianza perdida en sus instituciones y magistrados e “invoca a la organizaciones políticas, civiles, gremios profesionales, laborales, instituciones académicas y población en general, a propiciar un clima de paz y armonía”.

Se trata ciertamente de un pronunciamiento mesurado que presenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la Corte Superior de Justicia de Loreto para enfrentar los casos que plantea. Viniendo de un organismo como el Colegio de Abogados de Loreto debemos tener la seguridad de que la preocupación expresada se basa en el conocimiento profundo de la situación y no responde a juicios apresurados y subjetivos.

Expreso mi extrañeza por no haber encontrado este pronunciamiento en la red de la Comunidad Educativa Loretana ni mucho menos una opinión acerca de su contenido. Considero que estamos a tiempo de subsanar esa omisión y que es necesario abrir un debate al respecto y, de contar con la aprobación de los miembros de la CEL, redactar y difundir una carta de apoyo a la propuesta del Colegio de Abogados de Loreto.

Iquitos, agosto 26, 2014

Alberto Chirif