Durante los últimos 10 años, se han conseguido algunos avances importantes en materia de derechos humanos. Se cumplió con procesar, con todas las garantías del debido proceso, a las cúpulas de Sendero Luminoso y del MRTA y condenar a sus principales dirigentes a altas penas de prisión. Otro hecho importante ha sido la condena al expresidente Alberto Fujimori por delitos calificados como crímenes de lesa humanidad, así como algunas sentencias en contra de miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron violaciones a los derechos fundamentales en el contexto del combate a la subversión. Se ha conseguido, con algunas dificultades, iniciar la implementación de un Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia y en diversos lugares del país se han levantado, por iniciativa de autoridades regionales o de grupos de la sociedad civil, diversos espacios de memoria.

Dado que el tema de los derechos humanos no se circunscribe, únicamente, en el tema del legado del periodo de violencia que vivimos entre 1980 y 2000, podemos anotar otros logros. El Perú cuenta, actualmente, con instrumentos legales que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, desde un enfoque que enfatiza en la eliminación de barreras para el ejercicio de dichos derechos. Asimismo, se inició la implementación de la consulta previa en el país, aunque con ciertas dificultades y se ha tomado una mayor conciencia alrededor de afrontar temas como la trata de personas.

Resulta difícil estimar cuál es el derecho humano menos respetado en el Perú. Podríamos señalar, en términos generales, que si bien existe una conciencia mayor en torno al respeto de los derechos fundamentales, aún existen varios problemas. La inseguridad ciudadana que nos toca vivir afecta, directamente, los derechos a la vida, a la integridad y la seguridad personales. No existe, hasta el momento, una adecuada correlación entre derechos humanos y actividad empresarial, lo que conduce a conflictos sociales donde la actuación policial, en algunos casos, no ha respetado garantías básicas. Asimismo, existe aún, en algunos sectores empresariales, dificultades para comprender que sus actividades deben llevarse a cabo con respeto al medio ambiente y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

También debe llevarse a cabo una mejor política para enfrentar la trata de personas, tanto en sus aspectos estrictamente jurídicos, como en el acompañamiento a las víctimas. Por supuesto, no debemos olvidar que aún existen procesos pendientes respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000. Y, finalmente, no debemos olvidar que la corrupción existente en varias instancias del Estado peruano supone la mala utilización de fondos públicos que deberían ser destinados a atender las necesidades principales de todos los peruanos.

Es cierto que, a diferencia de lo que ocurría en la década de 1990, los gobiernos democráticos no han tenido políticas sistemáticas de vulneración de los derechos humanos. También es cierto que se han contado con Planes Nacionales sobre la materia, como política de Estado. Sin embargo, lo que se percibe, a lo largo de los últimos gobiernos, es que el tema no ocupa una prioridad importante.

Esta situación se evidencia a través de diversos hechos: la falta de entrega de información, por parte del Ministerio de Defensa, sobre casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno; el poco interés que se pone, al momento de tratar conflictos sociales, de ir más allá de soluciones estrictamente policiales; o gestos políticos, como el nombramiento de personajes con cuentas pendientes ante la justicia, en puestos importantes de la administración pública.

El IDEHPUCP trabaja fundamentalmente en seis temas: memoria, prevención y control de la corrupción, derechos de las personas con discapacidad, pueblos indígenas, trata de personas y empresas y derechos humanos. Nuestro trabajo, como entidad académica, se realiza a través de acciones de capacitación, investigación e incidencia e impacto público, que han llegado a 17 regiones del país en los últimos 10 años.

Nuestro Instituto coordina la primera Maestría en Derechos Humanos creada en nuestro país, Se trata de un programa de carácter multidisciplinario y que se dicta en dos modalidades: presencial y virtual. Cuenta con reconocimiento nacional e internacional e intervienen participantes nacionales y extranjeros. La Maestría ha realizado conferencias con ponentes extranjeros sobre diversos tópicos de actualidad.

Asimismo, el IDEHPUCP ha fomentado investigaciones en líneas como discapacidad, corrupción y asuntos empresariales y derechos humanos. Por otro lado, hemos podido implementado diversos programas de estudios que incluyen áreas de trabajo nuevas en el país como la antropología forense, así como módulos destinados a otras tareas de gran urgencia como la formación de líderes locales, dirigentes mujeres y la capacitación de personal de varias empresas. Durante el año 2014, el Instituto tiene a su cargo tres diplomaturas: Gobernanza Indígena Amazónica, dirigida a líderes indígenas; Delitos de Corrupción, para magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, en particular, para quienes trabajan en la Amazonía; y Personas con Discapacidad, para funcionarios públicos y de entidades no gubernamentales que están involucrados en esta materia.

 Debemos anotar que, junto a la Maestría en Derechos Humanos, el Instituto organiza el Concurso de Derechos Humanos Yachay, donde han participado 320 estudiantes de Derecho de Perú y varios países, quienes ponen en prueba sus habilidades para argumentar sobre un caso hipotético seguido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, nuestra comunidad universitaria y el público en general pueden participar, en el mes de septiembre, en el Encuentro de Derechos Humanos, evento donde se amplía la perspectiva cultural y académica en la defensa y promoción de los derechos fundamentales, cuya nueva edición se centrará en la relación entre la corrupción y la afectación de derechos humanos.