Dirigentes y líderes de algunas agrupaciones políticas en carrera para las elecciones regionales y municipales de octubre, anunciaron el retiro de aquellos postulantes sobre quienes pesan condenas judiciales. Otros movimientos políticos, en cambio, evaluarán cada caso antes de tomar una decisión final. Así lo informa en su edición de hoy el diario La República.

Son 324 candidatos con sentencias judiciales vigentes. Otro grupo (124) son investigados o tienen vínculos  con el narcotráfico. 

Tanto César Acuña, líder de Alianza por el Progreso (APP), partido que tiene el número más alto número de candidatos con sentencia (28), como el secretario general de Apra, Omar Quesada, señalaron que sus respectivas agrupaciones políticas separarán a los candidatos con sentencias vigentes.   

El más enfático fue el alcalde de Trujillo -actualmente con licencia para postular a la presidencia regional de La Libertad- quien señaló que su partido "no va a proteger a nadie". Por su parte, Quesada resaltó que el Apra dio una directiva "para que ninguna persona con antecedentes penales postule".  

Otras agrupaciones, en cambio, prefieren no apresurarse en separar a sus candidatos y, además, minimizan la información proporcionada por el Ministerio del Interior y Transparencia. Así, el presidente de Somos Perú, Fernando Andrade, señaló que "su agrupación tiene más de tres mil candidatos y los onces casos (candidatos con sentencia vigente) no son nada". Añadió que debe ser el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la institución encargada de sacarlos de carrera.

En tanto, Alan Kessel, secretario general de Acción Popular, el segundo partido con más sentencias (23): "Tenemos unos ocho mil candidatos en todo el país y de ellos 23 están en la lista, es un porcentaje mínimo. Se nos escaparon. Vamos a adelantarnos al JNE".

Rafael Yamashiro manifestó que el Partido Popular Cristiano (PPC), con siete candidatos con sentencia vigente, acatará la decisión que tome el JNE. Lamentó, asimismo, que ninguna agrupación tenga las facilidades para acceder al Registro Nacional de Condenas para realizar una correcta fiscalización. 

Entre los postulantes pepecistas señalados se encuentra Rafael Ríos López, aspirante a la presidencia regional de Madre de Dios, condenado en el 2004 por liderar disturbios que ocasionaron la quema de edificios públicos  durante las protestas contra la Ley Forestal en Puerto Maldonado dos años antes.

En Fuerza Popular no hay una posición única sobre este tema. En un principio, su secretario general Joaquín Ramírez sostuvo que "los once candidatos detectados por el JNE serán sometidos al comité de disciplina para su posterior separación". No obstante, la congresista fujimorista, Luz Salgado, señaló que había enviado una carta al JNE para que se retiren a los candidatos con sentencias vigentes.

Con respecto a la viabilidad legal de estas candidaturas, el asesor del JNE, Virgilio Hurtado, indicó que no todos los candidatos con sentencias vigentes están impedidos de postular. Recordó que los postulantes que no tengan sentencia firme podrían seguir en carrera. 

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