En una decisión que seguramente despertará polémica, la Corte Constitucional de Colombia dio el visto bueno para que los guerrilleros que renuncien a las armas puedan participar en política, a excepción de aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad y genocidio.

De esta manera, una vez terminadas las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas), llevadas a cabo en La Habana, el Congreso de ese país podrá establecer cuáles son los delitos conexos del delito político. Con ello, se determinará quienes son los desmovilizados que podrían participar en política.

Según informa el diario El Tiempo, el máximo tribunal colombiano dejó, por seis voto contra tres, incólume los artículos del Marco Jurídico para Paz que se refieren a la participación política  (que en su totalidad ya había sido declarado exequible el año pasado) y rechazó la demanda de inconstitucionalidad  promovida por el exviceministro y militante del uribismo, Rafael Guarín. Este pretendía que se impidiera a los guerrilleros desmovilizados, producto de las conversaciones de paz, la posibilidad de ser elegidos, vía votación popular, a cargos públicos.

Con esta decisión, las conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, conocidas como Marco para la paz, reciben un importante aval jurídico. Además, cabe mencionar que la decisión de la Corte Constitucional cierra totalmente la posibilidad de participación política de los máximos jefe y miembros condenados por delitos como secuestro, asesinatos fuera de combate y desaparición.

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